El aluvión de demandas dispara los seguros para defender a las cúpulas de empresas españolas

NICOLÁS M. SARRIÉS

  • A finales de 2012 había en España más de 36.000 pólizas de seguro suscritas en favor de consejeros y altos directivos, un 16% más que un año antes.
  • Casi cuatro de cada diez reclamaciones judiciales en España en 2011 (últimos datos disponibles) correspondieron a entidades financieras: Bancos, cajas…
  • La defensa de la cúpula del caso Bankia, por ejemplo, se sufraga gracias a un seguro contratado por la entidad ahora nacionalizada.
  • El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, intenta pagar su fianza de 16 millones por medio del seguro suscrito por Mapfre durante su mandato.

Caixa Penedès

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, imputado por el escándalo de las presuntas tarjetas ‘B’, acaba de reclamar la ejecución de su seguro de responsabilidad, suscrito por la compañía Mapfre, para hacer frente al pago de la fianza de 16 millones de euros fijada por el juez Andreu, y cuya fecha límite es el miércoles.

El magistrado de la Audiencia Nacional, tras recibir este requerimiento, ha negado dicha posibilidad. Para lo que sí ha servido este seguro de responsabilidad, al igual que para los 33 antiguos consejeros imputados por la salida a Bolsa de BFA-Bankia, es para sufragar los gastos legales dedicados a la defensa de estos antiguos altos cargos de la caja. Es decir, que la propia entidad corre con los gastos de defensa de los imputados, tal como reconoció este pasado domingo el exconsejero Arturo Fernández, entrevistado por la periodista Ana Pastor.

Una «práctica habitual»

«¿Considera aceptable el Gobierno el empleo del dinero público del rescate de BFA-Bankia en la defensa de los intereses particulares de los antiguos gestores, imputados por la Audiencia Nacional a consecuencia de su gestión de la entidad, posiblemente delictiva?». Esta pregunta parlamentaria del grupo de UPyD fue publicada el 30 de julio de 2012 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), tras el comienzo de la querella criminal contra el antiguo consejo de administración de la entidad nacionalizada.

Tal como publicó en septiembre de 2012 el diario El Confidencial, los antiguos administradores del banco ahora presidido por José Ignacio Goirigolzarri habían contratado los servicios de prestigiosos bufetes, y exmagistrados del Supremo y del Constitucional, entre otros. Son despachos con algunas de las minutas más altas del mercado.

Casi dos años después, el pasado 17 de junio, el BOCG publicaba la respuesta (página 136). «Ni Bankia, ni BFA han prestado asesoramiento jurídico gratuito, ni de ninguna naturaleza a los ex miembros de sus consejos de administración», señala el Ministerio de Economía, a partir de un informe elaborado por la propia entidad financiera. Tal como señala el Gobierno, la defensa jurídica del antiguo consejo de administración de BFA-Bankia se ha sufragado gracias a «la existencia de una cobertura a través de una póliza de seguros, lo que es una práctica empresarial habitual en la mayor parte de las sociedades y absolutamente común en la práctica totalidad de las sociedades que cotizan en bolsa», recalcan.

Un seguro parte del sueldo

Es decir, que en puridad la entidad no paga la defensa de sus anteriores administradores, sino que ya pagó en su momento un seguro específico de responsabilidad —incluido dentro del sistema retributivo de las empresas a sus altos cargos— con el que se sufraga el asesoramiento jurídico. Esta póliza es la responsable de hacer frente a los gastos de defensa y asesoramiento de los gestores querellados en la Audiencia Nacional, y suele tener una duración de cuatro años después del cese efectivo del ejecutivo o consejero.

Las cúpulas de Caja Madrid, por ejemplo, tenían el pago de una póliza de seguro de responsabilidad como parte integrante de su remuneración global. En la imagen inferior puede verse un ejemplo de retribución de un directivo de la caja madrileña correspondiente a 2010, a partir de un documento interno al que ha tenido acceso este diario: Unos 1.585 euros al año de gasto para la entidad.

Extracto de un documento interno de retribuciones en Caja Madrid.

Este tipo de aseguramiento se ha disparado desde el inicio de la crisis, debido a los cada vez más numerosos procesos judiciales, que han crecido casi un 7% sólo en el último año. A finales de 2012 (último año con datos disponibles) había en España más de 36.000 pólizas de responsabilidad suscritas en favor de consejeros y altos directivos, una cifra un 16% mayor respecto al año anterior, según datos del VI Estudio D&O, elaborado por la consultora Marsh y el bufete Gómez-Acebo & Pombo.

Especialmente fuerte ha sido el incremento de los seguros de responsabilidad entre los altos cargos de las finanzas. Solo la crisis de las cajas de ahorros ha conducido a que haya más de 200 banqueros y empresarios imputados, según publicó Infolibre. «En el sector de las instituciones financieras, tanto las primas [la cantidad que el tomador del seguro ha de pagar para estar cubierto] como las reclamaciones se han incrementado notablemente», señalan los autores del informe. Tanto ha sido el crecimiento de los litigios en este sector que ha adelantado al de la construcción como el más reclamado, y ya suponen casi cuatro de cada diez procesos (el 37,8%, ver gráfico inferior).

Reclamaciones de responsabilidad por sectores (Fuente: Marsh).

Cubrir de riesgos a las cúpulas de las entidades españolas supone un gasto de entre 30.000 y 100.000 euros anuales de media, según datos del sector. Sin embargo, estos gastos pueden llegar a dispararse hasta los dos millones de euros «por persona y procedimiento en aquellas reclamaciones que llegan por vía casacional [como un recurso] al Tribunal Supremo», señalan desde Marsh.

El tipo de ejecutivo más reclamado es el consejero delegado (el CEO), quien se ve involucrado en el 75% de los procesos y litigios. Por su parte, el presidente lo está en el 38% de los casos. Para las pocas entidades aseguradoras que se ocupan de este segmento del riesgo, se trata de un mercado que crece año a año (un 7,87% en 2012) y que supone un negocio de más de 145 millones de euros anuales, cuando hace apenas una década rondaba los 30 millones de euros, según datos de Marsh.

¿Qué es el seguro D&O?

Es un tipo de seguro destinado a cubrir los posibles riesgos y responsabilidades de un consejero o directivo de una determinada compañía. «Se puede considerar como el seguro de errores y omisiones para consejeros y funcionarios», tal como detalla la aseguradora Zurich. Cubren habitualmente solo aquellas posibles irregularidades o conductas contrarias a la ley cometidas durante el desempeño de las funciones profesionales y suelen estar ceñidas solo al ámbito civil. «Quedan excluidos los daños por acciones u omisiones dolosas, fraudulentas o constitutivas de delito», explican desde la firma Marsh.

¿Por qué una empresa querría asegurar a sus altos cargos? Gracias a este seguro los ejecutivos «pueden tomar decisiones con tranquilidad ya que transfiere los riesgos relacionados a una posición directiva», añaden desde Zurich. La lógica detrás de estos seguros está, teóricamente, en alcanzar un punto óptimo entre seguridad y riesgo en la toma de decisiones. Los accionistas de una compañía, según esta lógica, querrían una gestión comparativamente más arriesgada que los administradores, ya que su incentivo es conseguir el mayor dividendo posible, mientras que el incentivo del consejero o directivo es el de mantener el puesto y no verse envuelto en procesos legales. Ahí entra en juego el seguro, que descarga en parte a los ejecutivos y altos mandos de esta disyuntiva.



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