MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a impulsar en la UE la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea para que pueda investigar y procesar delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad con carácter transnacional por su impacto en el interés financiero de la Unión Europea.
La iniciativa, recogida por Servimedia y que deberá ser debatida y votada en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, apunta que la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) se puso en marcha en junio del año pasado con el objetivo de investigar y procesar casos que pudieran afectar al presupuesto de la UE ante la pasividad de los sistemas judiciales de algunos países respecto de casos de fraude y corrupción vinculados con la financiación comunitaria.
De este modo, la UE tiene la capacidad para impulsar este tipo de investigaciones y procesos judiciales sin tener que depender de las fiscalías nacionales, que, según Ciudadanos, «en demasiados casos están estrechamente ligadas al gobierno de turno, como en el caso de España, y, por tanto, no actúan de oficio ante posibles casos de corrupción cometidos por miembros del propio gobierno en cuestión o contra personas del entorno del mismo».
De este modo, la Fiscalía Europea actúa también en ocasiones en las que el interés financiero de la UE en su conjunto esté en juego, como pueden ser casos de fraude, blanqueo de capitales, corrupción, fraude en el pago de IVA con perjuicios superiores a los 10 millones de euros, etc. En un año, la Fiscalía Europea ya ha registrado más de 2.500 denuncias de presuntos delitos y se han abierto más de 500 investigaciones, con algunas de esas iniciativas aún en proceso de evaluación. La EPPO permite incluso que ciudadanos a título individual puedan denunciar un delito.
«COMPETENCIAS MUY REDUCIDAS»
Sin embargo, Ciudadanos apunta que «la Fiscalía Europea aún tiene sus competencias muy reducidas en relación al tipo de delitos que puede investigar». Por ejemplo, actualmente no está diseñada para perseguir delitos relacionados con el medio ambiente y la biodiversidad, pese a que son algunos de los delitos que más recursos detrae de las arcas públicas comunitarias. El tráfico ilegal de residuos, por ejemplo, ya supone entre a 4.000 y 15.000 millones de euros al año en el continente, mientras que el tráfico ilegal de especies puede oscilar entre 7.000 y 9.000 millones de euros anuales. A ello se suma el delito en alza del comercio ilegal de madera, cuyo perjuicio se cifra en unos 6.000 millones de euros al año.
«Este tipo de delitos tienen un carácter transnacional intrínseco que hace más complicado que las autoridades nacionales sean las mejor posicionadas para perseguirlos», indica Ciudadanos, que asegura que la Fiscalía Europea podría contar con las capacidades para llevar a cabo investigaciones y procesamientos de forma más ágil y eficiente en varios Estados miembro de la UE.
De hecho, la Comisión Europea se ha mostrado favorable a revisar el catálogo de delitos que la Fiscalía Europea puede perseguir y se ha encomendado a trabajar con el Parlamento Europeo para acordar las necesidades y posibilidades de ampliar las competencias de la EPPO para perseguir delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad con carácter transnacional en la Unión Europea.
En España, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ya ha alertado de que el tráfico ilegal de residuos es una de las grandes preocupaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, los expertos de este cuerpo señalan que las grandes investigaciones que afectan a España en este sentido tienen un marcado carácter internacional y que las dos principales preocupaciones en materia de magnitud son el tráfico de especies y el tráfico ilegal de residuos.
EN EL PUNTO DE MIRA
De hecho, el Seprona desarticuló el pasado diciembre una red criminal que se dedicaba al tráfico ilegal de residuos tras detectar 301 envíos ilícitos, con unas 16.000 toneladas de residuos plásticos que habían salido del puerto de Valencia con destino Malasia, Camboya, Tailandia y otros países asiáticos. Estos deshechos se trataban en plantas clandestinas y el plástico reutilizable se enviaba a China. La trama habría generado más de 15 millones de euros.
España es uno de los países en el punto de mira del tráfico de especies, tanto en origen por la rica biodiversidad del país como por ser destino y tránsito del tráfico de especies desde otras regiones del mundo. De hecho, fue clasificada en 2018 como el principal país de destino de pieles de reptil del mundo, con un 31% de la cuota de mercado global, y en ocasiones el objetivo es la reexportación.
«Nuestro país sería uno de los más beneficiados de la Unión Europea si la Fiscalía Europea adquiriera esas competencias para luchar de forma más efectiva contra los delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad, especialmente aquellos con carácter transnacional», concluye Ciudadanos.
