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El Gobierno recurre la ley del litoral de Galicia ante el Tribunal Constitucional

– Impugna 31 artículos de la norma al considerar que invade competencias del Estado

– Rechaza que se incorpore de forma «unilateral» el mar al territorio gallego

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Ministros acordó este martes presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, al considerar que invade competencias propias del Estado.

El plazo para recurrir esa norma ante el Tribunal Constitucional vencía el próximo 13 de octubre y el Gobierno ha decidido hacerlo tras escuchar al Consejo de Estado, que emitió su dictamen el pasado 21 de septiembre.

«Es un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley, lo que suponen un 40% de la misma. Son diversas las causas de inconstitucionalidad en las que creemos invade competencias estatales», según apuntó Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en funciones, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno aduce efectos suspensivos de la ley gallega, es decir, que no esté en vigor, fundamentalmente porque, según Rodríguez, «se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre».

Además, Rodríguez añadió que la norma «incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma de Galicia», con lo que «reduce la protección de los terrenos contiguos en la ribera del mar».

«Las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir a menos en la protección de sus costas. Siempre se puede establecer un nivel de protección superior a la ley básica, pero nunca disminuir esa protección del territorio», subrayó.

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Igualmente, el Gobierno señala que Galicia se atribuye competencias propias no previstas en su estatuto de autonomía. Por ejemplo, cuatro comunidades autónomas asumen competencias en materia de costas porque así lo recogen sus estatutos autonómicos (Andalucía, Baleares, Canarias y Cataluña). «No es el caso de Galicia, que no ha reformado su estatuto y, por tanto, no puede asumir esas competencias o funciones que no están previstas en su norma básica», enfatizó Rodríguez.

Otro argumento jurídico aducido por el Gobierno es que la ley invade competencias exclusivas del Estado sobre pesca en aguas exteriores.

«DIÁLOGO PERMANENTE»

Por otro lado, Rodríguez destacó que el Gobierno ha mantenido un «diálogo permanente» con las comunidades autónomas en relación a la gestión normativa y que en la última legislatura ha llegado a 180 acuerdos con gobiernos regionales (165 totales y 15 parciales). «Es decir, hemos evitado 180 recursos al Tribunal Constitucional», comentó.

«Esta es la norma, pero, evidentemente, cuando se producen excepciones, como que una comunidad autónoma se arroga para sí competencias que son del Estado, el Gobierno de España lo que hace es velar por el cumplimiento de la Constitución y lo hacemos, además, avalado por el dictamen del Consejo de Estado», concluyó.