MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público Miguel de Unamuno de Madrid han obtenido cerca de 9.000 euros en solo seis días a través de una campaña de ‘crowdfunding’ para continuar su lucha judicial contra el Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida con el objetivo de que cierren «las cocinas fantasmas ubicadas al lado de la escuela».
Esta campaña de captación de fondos en la plataforma ‘goteo.org’ fue lanzada el pasado martes, pocos minutos después de que el Ayuntamiento de Madrid hiciera público que iba a presentar un recurso contra la sentencia que exigía el cierre de estas cocinas industriales por deficiencias en la autorización de su licencia para operar.
De hecho, si el Consistorio no hubiera recurrido dicha sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) este negocio, que genera un enorme rechazo vecinal en el barrio de Delicias, debería haber sido clausurado de forma inmediata.
Según se puede observar en ‘goteo.org’, son ya cerca de 200 las personas que han decidido contribuir a esta causa. Se trata de la segunda vez que los familiares del Miguel de Unamuno lanzan una campaña de ‘crowdfunding’ para luchar contra el Ayuntamiento, en la primera lograron más de 20.000 euros para financiar el recurso inicial contra la concesión de la licencia a estas cocinas fantasma.
«Hemos conseguido que anulen la licencia de las cocinas fantasma en primera instancia, es una gran victoria pero el Ayuntamiento ha recurrido», explican los familiares, que añaden que «ahora nos vemos obligados a volver a defender nuestra causa ante el TSJM y para ello necesitamos ayuda».
A este respecto, recuerdan que hace más de un año iniciaron un proceso legal para intentar paralizar esta licencia de cocinas industriales y que fueron varias las reuniones previas que mantuvieron con diversos responsables del Ayuntamiento de Madrid, incluso una conversación con el propio alcalde Almeida, «para hacerles entender que era impensable que hubieran permitido instalar una fábrica propia de un polígono industrial pared con pared con nuestro colegio».
«Les pedimos encarecidamente que se dieran cuenta de su error y lo rectificaran pero solamente obtuvimos la afirmación rotunda de que todo era legal y de que no pasaba nada», lamentan, antes de concluir que «tras tantas negativas y respuestas sin soluciones reales a la preocupante situación que les planteábamos, decidimos tomar el único camino que nos quedaba por recorrer: el judicial. Hoy ese camino se traduce en una victoria a medias ya que nos vemos obligados a seguir defendiendo nuestra causa ante la justicia porque el Ayuntamiento ha recurrido esta sentencia dejando de nuevo a las familias y vecinos vendidos al ruido, el tráfico y la polución».