– La norma regulará soluciones como los coches compartidos, el uso temporal de automóviles o el vehículo autónomo
– Modifica también la Ley del Suelo para facilitar el otorgamiento de autorizaciones de rehabilitaciones urbanísticas
MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros dio este martes el visto bueno, en segunda lectura, al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y lo remitirá a las Cortes para su tramitación por vía de urgencia en 2023 para cumplir así con uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así lo anunció la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde defendió que esta ley es «necesaria» y «pretende constituir el pilar normativo sobre el que se asienta la política de movilidad» para «conseguir una movilidad más limpia saludable y que sea entendida como un derecho social».
En este sentido, Sánchez explicó que el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del transporte, cinco puntos más que la media europea, por lo que se requiere de un texto legislativo que permita cumplir con los objetivos internacionales, los compromisos adquiridos, las generaciones futuras y «nosotros mismos».
La titular de Transportes puso en valor la importancia de la ley y recordó que afecta a uno de los sectores «más importantes» del país, ya que de él dependen más de 800.000 empleos y el 4,5% PIB, y supone el 13% del gasto total de los hogares.
La norma regulará soluciones como el transporte a la demanda, los coches compartidos, el uso temporal de vehículos o la regulación básica del vehículo autónomo, y fomentará la digitalización y la promoción de datos abiertos tanto de administraciones, como de gestores de infraestructura, operadores públicos y privados. Esta digitalización y la compartición de datos ayudará, entre otras cosas, a abrir nuevas oportunidades de negocios a empresas emergentes y a mejorar la toma de decisiones sobre movilidad.
MOVILIDAD COMO DERECHO
Tras ser vista por el Gobierno en primera vuelta en marzo, ahora pasa la segunda revisión e inicia la tramitación parlamentaria para su aprobación y entrada en vigor a lo largo del año que viene. El texto final se ha redactado teniendo en cuenta las 203 alegaciones presentadas durante el trámite audiencia e información pública.
Por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas.
ZONAS DE BAJAS EMISIONES
Además, la ley trata de dar alternativas atractivas al vehículo privado tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio, y facilita la provisión de soluciones de movilidad flexibles, que podrán consistir tanto en los servicios de transporte tradicionales como en nuevos servicios de movilidad, como sistemas a la demanda, sistemas privados de movilidad colaborativa o servicios de movilidad compartida.
También se busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones (ZBE) que se regulan en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y se abre la puerta a que los ayuntamientos puedan establecer una tasa por la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones.
Igualmente, la ley incluye la creación del Espacio Integrado de Datos de Movilidad (EDIM) y crea un ‘sandbox’ o espacio de pruebas de proyectos innovadores en el transporte.
SISTEMA NACIONAL
Por otra parte, también se crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible que facilitará la coordinación entre administraciones, para cuyo desarrollo el Ministerio solicitó asesoramiento financiado por la Comisión europea, que está en proceso de ejecución. Este sistema consta de varios instrumentos: un foro de cooperación entre todas las administraciones, un órgano consultivo para facilitar la cooperación de éstas con el sector y los usuarios, el EDIM y un documento a modo de marco de orientaciones para la planificación de una movilidad sostenible (Domos).
Se introduce la obligación de que las empresas de más de 500 trabajadores, o 250 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo; a nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (Ipeem), y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.
Para el transporte de mercancías habrá mayores exigencias de cálculo de la huella de carbono, así como con el impulso de sistemas de gestión ambiental y de la energía.
LEY DEL SUELO
Por otro lado, Sánchez informó también de que el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto que modificará la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana para «actualizar» el planeamiento urbanístico y territorial, y «simplificar la burocracia» sin generar «merma alguna de la seguridad jurídica y del interés general».
En este sentido, explicó que el Ejecutivo pretende dar un «impulso» a las políticas de vivienda y «evitar la paralización» del planeamiento territorial que se ha producido «durante años» en numerosos municipios «por defectos menores que son fácilmente subsanables».
«En fin, mejorar la tramitación para todas aquellas obras que implican la rehabilitación de edificios y las obras de rehabilitación y lo que estamos haciendo es facultar a que las comunidades autónomas, si lo desean, puedan introducir mecanismos que simplifiquen ese otorgamiento de autorizaciones para aquellas personas que quieran hacer obras de rehabilitación», resumió.
