MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La totalidad de las asociaciones de jueces y fiscales han suscrito un comunicado en el que denuncian la desconvocatoria por parte del Ministerio de Justicia de la mesa de retribuciones que había sido convocada para el 26 de octubre y que ha sido desconvocada.
Recuerdan, igualmente, que desde 2008 el Ministerio de Justicia no ha convocado ni una sola mesa de retribuciones. El comunicado está suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación Jueces y Jueas por la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Indica que el pasado 22 de septiembre las asociaciones fueron formalmente convocadas a la mesa prevista en la Disposición Adicional Primera, apartado tercero de la Ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, para el 26 de octubre próximo, en cumplimiento de un compromiso previo asumido por el Ministerio de Justicia y que «entendíamos –descubrimos ahora que con error- compartido con el Ministerio de Hacienda, parte integrante también de la Mesa antedicha».
Jueces y fiscales reciben ahora «con estupor e indignación» que la reunión ha sido desconvocada «conforme a la reciente información trasladada desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, referida a la propuesta de mejora salarial y su impacto sobre la elaboración, tramitación y negociación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2023», lo que «hace necesario posponer la convocatoria de la Comisión para la adecuación periódica de las retribuciones de los miembros de las carreras judicial y fiscal».
Las asociaciones dicen ignorar los razonamientos del Ministerio de Hacienda y no comprenden «la necesidad de posponer la convocatoria» ya prevista y que ha sido precedida por una ronda de contactos y encuentros con el Ministerio de Justicia.
Por ello, añaden, «asistimos decepcionados al incumplimiento del Ministerio, y en definitiva del Gobierno, de sus propios compromisos». En ese sentido, denuncian que «el Gobierno falta a la palabra dada a las Asociaciones de Jueces y Fiscales en el mes de abril pasado, sin ofrecer razón alguna; y, lo que es más grave, incumple la Ley 15/2003 al retrasar la convocatoria de una mesa que llega con un retraso de más de diez años. Es su deber y obligación, como Gobierno, impuesta por la Ley, convocar la mesa, y esta cancelación no es vía adecuada para su cumplimiento».
Y concluyen que «a falta de mayor y mejor explicación que todo negociador de buena fe y leal merece, y a la espera de la misma, interpretamos que el Gobierno, por medio del Ministerio de Justicia, ha roto los puentes de contacto con las Asociaciones y nos deja en evidente desamparo y, a la par, en plena libertad para tomar las decisiones y emprender las acciones que en Derecho procedan».
