– Les imputa delitos de estafa agravada, falsedad, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia, tomará declaración este lunes a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, que se embolsaron comisiones de seis millones de euros de un contrato de 11 millones, tras comprobar la pasada semana que habían vaciado sus cuentas e imputarles por un nuevo delito: el de alzamiento de bienes.
Los dos empresarios tendrán que responder en sede judicial de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El magistrado les imputa este nuevo delito tras comprobar que le era imposible embargar las cantidades suficientes para que hicieran frente a sus eventuales responsabilidades civiles.
En un auto del pasado miércoles, el juez daba a Medina tres días para depositar la fianza de más de 891.000 euros que aún tiene sin cubrir y acordó también la paralización de los derechos hereditarios del imputado sobre los bienes de su abuela. Ese plazo expira precisamente el lunes, día en el que se producirá la comparecencia.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid admitió a trámite el pasado 8 de abril una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra estos dos empresarios por haber estafado presuntamente al Ayuntamiento de Madrid en un contrato de venta de material sanitario que tramitó la empresa funeraria municipal. El contacto entre los supuestos estafadores y la Administración municipal lo facilitó un primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida.
En la causa están personados los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, al que el juez le ofreció su presencia en la causa como perjudicado. Precisamente contra esta decisión presentó un escrito la defensa de Medina que pidió la expulsión del caso de la Administración municipal por entender que fue «una de las partes firmantes» y por tanto puede acabar siendo investigado.
Los contratos suscritos con una empresa malaya por importe de 11 millones de euros suponían la compra de importantes partidas de mascarillas, test y guantes a través de la empresa funeraria municipal, en cuyo nombre actuó Elena Collado, que ya ha declarado ante la Fiscalía como testigo.
El Grupo Socialista, personado como acusación popular en la causa, ya anunció que este mismo lunes va a solicitar la imputación de Collado con el objetivo, dicen, de proteger sus intereses en este casi, de manera que pueda acudir ante el juez con su propio abogado y no con uno designado por el Ayuntamiento de Madrid.
Su intercambio de mensajes con Luceño son una parte nuclear de esta causa, puesto que fue ella la que encauzó los contactos y la culminación del contrato con el empresario. También fue la persona que acabó afirmando, a la vista del material recibido, que el Consistorio había sido «estafado».
Los precios del material encargado, sostiene Anticorrupción, fueron fijados por Luceño que esgrimió su condición de agente exclusivo de la compañía vendedora, avalada por un documento del que se sospecha que falsificó la firma. Además, ocultó que se iba a llevar una comisión del 60% en las mascarillas, del 81% en los guantes y casi el 71% en los test.
EL PRIMO
Según las pesquisas de la Fiscalía, que investiga el asunto desde noviembre de 2020, Luis Medina fue el encargado de contactar con el Ayuntamiento de Madrid «aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid», su primo Carlos Martínez-Almeida Morales.
En un primer momento, el Consistorio aseguró que el primo del alcalde se limitó a facilitar un correo electrónico del Ayuntamiento a Medina, y que esa dirección era la misma que se facilitaba a todos los posibles proveedores. Días después, Martínez-Almeida reconoció que su primo habló con la coordinadora general de la alcaldía, Matilde García Duarte, que fue quien le facilitó el citado correo.
La denuncia llegó a la Fiscalía Anticorrupción desde el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, tras la alerta realizada por las entidades bancarias en las que se ingresaron las suculentas comisiones procedentes de Malasia.
Por esta operación, Medida consiguió una comisión de un millón de euros, dinero que empleó en la compra de un yate matriculado en Gibraltar y ahora embargado, y en la compra de bonos bancarios. Por su parte, Luceño cobró casi cinco millones de euros que empleó en unas vacaciones en un hotel de lujo de Marbella por un total de 60.000 euros, en comprar una vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid), embargada por orden del juez; y en la compra de tres relojes Rolex, una decena de vehículos de alta gama de las marcas Ferrari, Lamborghini, Aston Martin o Mercedes.
El juez libró, además, una comisión rogatoria a las autoridades mayalas para solicitar el interrogatorio del empresario San Chin Choon, directivo de la empresa Leno, que suministró el material sanitario, pero las autoridades de ese país han rechazado interrogarle porque no está dispuesto a colaborar con la justicia
La firma de este empresario figura en los contratos de suministro de test, guantes y mascarillas y la Fiscalía sospecha que esa rúbrica fue falsificada, por lo que su testimonio era importante para arrojar luz tanto sobre la cuantía real del material comprado como sobre la veracidad de los documentos aportados a la causa.
FIANZAS
Además, el instructor señaló en un auto dictado esta semana que el hijo del duque de Feria realizó operaciones de disposición de bonos a su nombre y transacciones patrimoniales después del 13 de abril de 2021, fecha en que declaró ante la Fiscalía Anticorrupción, y en la que se advirtió de que ese tipo de maniobras serían consideradas un delito. Y le imputa un delito de alzamiento de bienes.
Hasta el momento, sólo se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar por valor de 325.515 euros y una cuenta corriente en la que Medina había dejado 247 euros. La posible responsabilidad civil del empresario ascendería a 1,2 millones de euros por lo que aún quedan por cubrir más de 891.000 euros de fianza.
En caso de que Luis Medina no deposite esa cantidad en el plazo establecido de tres días, el juez procederá al embargo de todos sus bienes, ya sean muebles o inmuebles. Además, la cantidad que se le reclama a Medina podría verse incrementada si su socio Alberto Luceño o hiciera frente a sus responsabilidades civiles, ya que éstas tienen carácter solidario y ambos deberían hacerles frente.
Para proceder da ese embargo, el juez tendría a averiguar a través del Punto Neutro Judicial cuales son los bienes propiedad del investigado y consultar con la Agencia Tributaria sobre sus propiedades en España y en el extranjero.
En concreto, el magistrado quiere conocer el destino de los fondos retirados procedentes del Dividend 1 y del fondo Phoenix MSCI. Para ello, ha dirigido un oficio al Deutsche Bank para que le informe en detalle de las sucesivas ventas de títulos de valores del bono Global Dividend 1, de las cuentas de destino del importe de la venta y de la identidad de sus beneficiarios.
Pero además, el juez Carretero se dirigirá al Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Sevilla que dirime una disputa familiar sobre la herencia de la abuela de Medina, Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, para solicitar el embargo preventivo de los derechos hereditarios, tal y como había solicitado el PSOE, personado en esta causa.
En el caso de Luceño, el juez le reclama una fianza de 5,5 millones de euros para cubrir eventuales responsabilidades civiles, pero sólo ha encontrado una cuenta con alrededor de 130.000 euros de saldo y ya ha procedido al embargo de la vivienda que compró en Pozuelo, y que tiene un valor algo superior al millón de euros. Por este motivo, el magistrado ha pedido a las partes que hagan aportaciones para proceder al embargo de los bienes del investigado. El Ayuntamiento de Madrid solicitado a Luceño una fianza de 6,1 millones de euros.
El empresario también se ha dirigido al juez para pedirle que no le impute un delito de alzamiento de bienes puesto que, según dice, se le han podido embargar bienes por valor de más de 2,5 millones de euros y sus cuenta son transparentes.
Por otro lado, Más Madrid ha solicitado al magistrado que llame a declarar a Fernando Sánchez González, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, por un posible delito de falsedad en documento público y obstrucción a la Justicia en la investigación. Según esta formación, el gerente habría enviado documentación supuestamente falsa a la Fiscalía sobre el expediente de contratación.
