El Tribunal General de la UE avala una ayuda húngara de 10.000 millones que servirá para que una empresa rusa construya dos reactores nucleares

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado un recurso presentado por Austria contra la ayuda de Estado de 10.000 millones de euros otorgado por Hungría a la empresa estatal MVM Paks en 2017, que fue utilizada para contratar a la compañía rusa JSC Niaep para construir dos reactores nucleares.

Estos dos nuevos reactores nucleares en construcción en el emplazamiento de la central nuclear de Paks deben sustituir gradualmente a los cuatro reactores nucleares ya explotados en ese emplazamiento.

Esta ayuda a la inversión consiste en la cesión, a título gratuito, de los nuevos reactores nucleares para su explotación y se financia en gran parte mediante un préstamo en forma de línea de crédito renovable de 10 000 millones de euros concedida por la Federación de Rusia a Hungría en el marco de un acuerdo intergubernamental relativo a la cooperación en materia de utilización pacífica de la energía nuclear.

Según ese acuerdo, la construcción de los nuevos reactores se encomendó, mediante adjudicación directa, a la sociedad Nizhny Novgorod Engineering Company Atomenergoproekt (JSC Niaep).

En la decisión impugnada, la Comisión declaró la ayuda controvertida compatible con el mercado interior con sujeción a determinados requisitos, algo que acaba de ser avalado por el Tribunal General.

En virtud de dicha disposición, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas pueden considerarse compatibles con el mercado interior, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

Entre otros, el Tribunal General desestimó los motivos basados en la existencia de distorsiones desproporcionadas de la competencia y de desigualdades de trato que llevan a la exclusión de los productores de energía renovable del mercado interior liberalizado de la electricidad.

A este respecto, recuerda que los Estados miembros tienen libertad para determinar la composición de sus paquetes energéticos y que la Comisión no puede exigir que la financiación estatal se destine a las fuentes de energía alternativas.