MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
La reforma de marzo de 2021 que impide realizar nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede tener dos efectos directos, además de los retrasos inherentes por la imposibilidad de cubrir las 70 vacantes existentes en tribunales: que por primera vez un tribunal se quede sin ninguno de sus integrantes, y que algunos presos pudieran ser excarcelados porque no dé tiempo a resolver los recursos antes de que venza el periodo máximo de prisión provisional.
Estas fueron algunas de las consideraciones que se realizaron por parte de los ponentes que intervinieron en la mesa redonda sobre las consecuencias de la citada reforma legal, celebrada este jueves en el CES Cardenal Cisneros y que estuvo moderada por el director de Confilegal, Carlos Berbell.
En el acto intervinieron Celsa Pico Lorenzo, magistrada de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo; José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ; Luis Ortiz Virgil, magistrado de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Asturias; y Roberto García Ceniceros, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona.
El vocal del CGPJ José Antonio Ballestero advirtió de que este mismo mes «el Tribunal Militar Central se quedará sin ningún miembro, un tribunal que se queda desierto porque se jubila el último y habrá que proveer». «Esto lo pongo como ejemplo máximo de esta situación», aseveró.
Junto a ello, alertó de «la tentación» de los partidos políticos de «intentar manejar el Consejo», por lo que es necesario cambiar el sistema de elección de vocales judiciales para que sea por elección directa. «El camino que debemos seguir para la renovación no es el que está en la ley vigente, que ha dado pie a este colapso, sino que necesitamos leyes de mayor calidad».
De hecho, mantuvo que con la citada reforma «se amputa una de las funciones que reconoce al CGPJ para preservar la independencia judicial». Al final el perjudicado es el ciudadano, apuntó Ballestero. «La justicia está para proteger a los más débiles fundamentalmente con lo que las políticas que inciden en que los órganos judiciales puedan llegar al colapso no son progresistas sino regresivas».
Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo Celsa Pico llamó la atención sobre el hecho de que la imposibilidad de hacer nombramientos por parte del CGPJ «puede facilitar la corrupción» toda vez que hay menos magistrados para poder investigar estos asuntos, lo que puede provocar que se retrasen los tiempos de resolución de cuestiones relacionadas por ejemplo con contratos públicos.
Asimismo, el magistrado de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Asturias Luis Ortiz afirmó que «lo que está pasando con la no realización de nombramientos de la élite judicial madrileña», en referencia a las 18 vacantes del Tribunal Supremo, «es algo que tiene enormes consecuencias para el normal funcionamiento de todos los órganos judiciales del país. Y esto al final repercute en que los ciudadanos reciban una justicia de más o menos calidad».
Ortiz señaló que «cada vez hay más asuntos y las manos son menos» e incluso advirtió que «se podría llegar a tener que excarcelar a presos porque no dé tiempo a resolver sus asuntos» en el plazo máximo en el que pueden permanecer en prisión provisional sin que el Tribunal Supremo haya tenido tiempo de resolver los recursos contra esas sentencias condenatorias.
Por otro lado, Roberto García Ceniceros alertó de que «estamos en un sistema en el que el órgano que garantiza el Poder Judicial está siendo invadido por otros poderes». El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona indicó que «esta situación de mandatos caducados provoca una limitación de los derechos de la ciudadanía, porque lo que sale perjudicado es el servicio público». En este punto, coincidió con Ballestero en que «la solución es reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ».
