MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Una juez de Andorra ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los que fueran ministros de su gabinete, Jorge Fernández Díaz (Interior) y Cristóbal Montoro (Hacienda), que les está investigando como consecuencia de una querella que denuncia presiones a directivos de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conseguir información sobre las finanzas de varios políticos catalanes entre los que figuran Jordi Pujol y su familia, Artur Mas y Oriol Junqueras.
Las pesquisas se enmarcan en una investigación sobre la llamada ‘operación Cataluña’ que tuvo su origen en una querella presentada en 2020 por el Institut de Drets Humans d’Andorra, la asociación Drets y el expresidente de BPA Higini Cierco.
La juez número 2 de Andorra, Stéphanie García García, ha enviado varias comisiones rogatorias a los denunciados y les da 15 días para que elijan representación legal al tiempo que les advierte que, de no hacerlo, se les designará un abogado de oficio, según informaron los denunciantes. La querella se presentó por delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental.
Además de Rajoy y de los dos ministros antes mencionados, la juez incluye también como investigados al exsecretario de Estado de Interior Francisco Martínez, al exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y al exinspector jefe Bonifacio Díez, que ya fueron citados en su día pero no se presentaron. El único cargo policial que compareció ante las autoridades españolas a petición de Andorra fue el comisario Marcelino Martin-Blas.
La juez investiga el supuesto uso de la llamada ‘policía patriótica’ para investigar a líderes catalanes de la órbita independentista. El que elevó las responsabilidades de esas actuaciones fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien apuntó la existencia de responsables políticos de la operación.
Según la querella, el Gobierno español habría amenazado a los responsables del BPA con provocar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid, los dos están cerrados en la actualidad. Para ello, se sospecha que el Ejecutivo de Rajoy habría enviado información falsa sobre la entidad a la oficina de control de delitos financieros de Estados Unidos y presionado al gobierno andorrano.
Los querellantes señalan al agregado de Interior de la embajada de España en Andorra Celestino Barroso como la personas que trató de conseguir los datos de las cuentas bancarias de los Pujol, Mas o Junqueras. Después fue el comisario Martín de Blas el que tomó el relevo. Barroso cuenta con protección diplomática para evitar la declaración, que le fue concedida por el Gobierno del PP.
