MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
Ciudadanos pidió este martes al Gobierno que recurra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que consideró vulnerado el derecho a un proceso justo al miembro de ETA Xavier Atristain y que defienda el «buen nombre» de la Justicia española.
Así lo indicó la formación de Inés Arrimadas en sus redes sociales, donde señaló que el Ejecutivo tiene el deber «moral» de recurrir dicha sentencia y le exigió que actúe con «urgencia». Asimismo, criticó la «inacción» de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y alertó de que puede «sentar un precedente de privilegios a etarras inadmisible».
En este sentido, Llop pidió en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros dejar «reflexionar» a la Abogacía del Estado y que «trabaje tranquilamente» sobre «la posibilidad de interponer un recurso, si lo considera viable», al tiempo que recordó que «todavía no ha transcurrido el plazo» para ello.
El pasado 22 de marzo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dirigió un oficio a la ministra de Justicia para conocer si la Abogacía del Estado recurrirá la sentencia del TEDH, de 18 de enero de 2022, que consideró vulnerado el derecho a un proceso justo al miembro de ETA Xavier Atristain, condenado a 17 años de prisión por delitos de pertenencia a banda armada y tenencia-depósito de armas y municiones.
La sentencia del TEDH estimó el recurso de Atristain y condenó España a indemnizarle con la cantidad de 12.000 euros en concepto de daño moral sufrido. La Sala de lo Penal se dirigió entonces a la ministra antes de resolver el recurso de revisión que ha presentado Atristain contra la sentencia del Tribunal Supremo de 2014 que confirmó la emitida por la Audiencia Nacional en 2013 que le condenó por esos delitos.
En su escrito, la Sala explicó que la viabilidad del recurso de revisión está condicionada a la firmeza de la sentencia dictada por el TEDH. Por ello, indicó que le resulta de especial interés «en la medida en que de esa información depende el desenlace del procedimiento incoado, conocer si la resolución mediante la que el recurrente pretende respaldar su petición es o no firme».
Por ese motivo, solicitó informe acerca de si la Abogacía del Estado ha declarado formalmente su deseo de no remitir el asunto ante la Gran Sala o si, por el contrario, ha formalizado recurso o tiene intención de hacerlo en el plazo previsto por la ley de tres meses, que expiraría el próximo 18 de abril.
