MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia, toma ya declaración a Luis Medina en la sede los juzgados de la Plaza de Castilla en la capital. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la representación legal de Podemos, acusación popular en esta causa, han solicitado al magistrado que imponga a Alberto Luceño una fianza de 6,1 millones de euros para hacer frente a eventuales responsabilidades pecuniarias.
En esta instrucción se trata de aclarar el cobro de comisiones de seis millones de euros de un contrato de 11 millones por parte de los dos empresarios, que llegaron a contactar con la responsable de contratación del Consistorio a través de un primo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
Los dos empresarios responden este lunes en sede judicial de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. El magistrado les imputa este nuevo delito tras comprobar que le era imposible embargar las cantidades suficientes para que hicieran frente a sus eventuales responsabilidades civiles.
La fianza de 6,1 millones de euros que solicitan el Ayuntamiento y Podemos procede de la suma de los 5,5 millones de euros que supuestamente se embolsaron como comisión, a la que hay que sumar el tercio que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos casos.
Luceño llegó más de dos horas antes de estar citado a la sede judicial. Acudió sólo, con mascarilla y sin gafas, tratando de pasar desapercibido entre los numerosos periodistas que hacían guardia a las puertas de los juzgados.
Mucho más mediático, Medina llegó con 40 minutos de antelación, impecablemente trajeado y con gafas de sol, pero a cara descubierta. Fuentes presentes en la sede judicial aseguran que ambos socios se han saludado e intercambiado algunas palabras a las puertas del juzgado y después de han colocado cada uno en un extremo del pasillo que hace de antesala de la sala de declaraciones.
Además de las peticiones de fianza, Podemos anunció su intención de pedir que se impute a Luceño un delito de alzamiento de bienes y un delito fiscal, por no haber tributado a Hacienda por esos ingresos. También, Más Madrid, que forma parte de la acusación popular, ha anunciado que pedirá el depósito de una fianza, aunque por el momento no ha concretado la cuantía.
Está por ver qué medidas cautelares solicitan las partes y si ambos empresarios tienen una estrategia de defensa concertada o si cada uno basará su argumentación en responsabilizar al otro de las posibles irregularidades.
