– Considera que tiene que ser la Fiscalía quien dirima responsabilidades por la actuación en la frontera en la que murieron al menos 23 personas
MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, remarcó este lunes que a su institución no «le acaba de satisfacer» la respuesta del Ministerio del Interior tras las resoluciones presentadas por el Defensor a Interior tras las 23 muertes en la frontera con Melilla el pasado 24 de junio. «Estamos preocupados en que se impida el acceso a la petición de asilo internacional y que no se evite la violencia física», reconoció.
Así lo dijo a la prensa tras presentar en el Congreso el Informe anual 2022 sobre sus actuaciones y en el que se incluyen los citados acontecimientos de Melilla. Tras ellos, el Defensor formuló varias resoluciones sobre la mejora del procedimiento de rechazo en frontera y de la cooperación con las autoridades homólogas marroquíes, que no fueron aceptadas por la Secretaría de Estado de Seguridad. Según la oficina de Ángel Gabilondo, las razones ofrecidas no resultaban suficientes, y por ello se elevaron al ministro del Interior.
El citado informe del Defensor se hace eco de que Fernando Grande-Marlaska aceptó los argumentos del Defensor y señaló que actuaría en esa línea, pero «la actuación se ha cerrado recientemente con diferencias de criterios en lo relativo al rechazo en frontera», protestó Gabilondo.
NI JUECES NI FISCALES
«No somos jueces, ni fiscales, ni otra cámara» dijo el Defensor, por lo que reconoció que no iba a «dictar sentencias», remarcando su desacuerdo con los criterios de Interior.
«Se ha verificado que se trabaje de conformidad con las directivas del Parlamento Europeo sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de protección internacional», prosiguió, citando también la necesidad de esclarecer los protocolos de actuación y coordinación con los cuerpos de seguridad marroquíes y que «se potencie la información internacional para prever las situaciones de presión fronteriza extrema». Se trata de «deberes legales que tiene que ver con los derechos», dijo, pero lamentó que no se pueda «hacer otra cosa que cerrar el asunto», expresando su «diferencia», especialmente «con el rechazo en frontera».
«No somos más que el Defensor del Pueblo», indicó, pero también que otras instancias, como la Fiscalía, «tendrán que dirimir otras cosas». «Nos preocupan las víctimas, sean de donde sean» y que «se diriman las responsabilidades con ellas, el país que sea». «Lo tendrá que hacer la Fiscalía y no el Defensor», concluyó.
