– Introduce cambios en las cuotas y coeficientes reductores para la edad de jubilación en actividades pesqueras de riesgo
– Crea el Foro Asesor de Pesca
MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que ahora será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
La aprobación de esta norma es un compromiso programático de este Gobierno y con ella se actualiza la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, de 2001.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la nueva ley en junio del año pasado. En este año, se ha sometido a información pública y se han incorporado alegaciones recibidas por parte del sector pesquero, de ONG y de las comunidades autónomas.
La nueva ley introduce la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.
Asimismo, se potencian las medidas de defensa y regeneración de los recursos pesqueros como la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.
En materia de gestión pesquera, la ley apuesta por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Para ello, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera. Para que se le puedan asignar posibilidades de pesca, los buques tendrán que estar inscritos en el registro general de la flota pesquera, disponer de licencia y estar adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos.
«Queremos eliminar cualquier tipo de especulación por parte de personas, que disponiendo de derechos para una cuota, puedan utilizarla como elemento de pura transacción mercantil sin relación con la actividad pesquera», explicó el ministro Luis Planas.
Igualmente se actualizan los criterios de reparto de posibilidades de pesca como mecanismo dirigido a racionalizar y ordenar la explotación de los recursos pesqueros y garantizar la máxima seguridad jurídica a los operadores. En los criterios de asignación de posibilidades de pesca se tendrán en cuenta aquellos que causen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.
La ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen e España. Además, establece sistemas de gestión que permitan una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Cuando éstas no hayan sido utilizadas durante un determinado período de tiempo, la Administración podrá redistribuirlas entre los demás usuarios.
La ley aborda también la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores. Disponer de un mejor conocimiento del impacto en la economía y los recursos pesqueros de esta actividad, que ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, facilitará la disposición de medidas que se estimen oportunas en cada momento.
Para realizar toda la gestión de la política pesquera, la ley apuesta por el fortalecimiento del nexo entre ésta y la ciencia, con el objetivo de que la toma de decisiones esté sustentada en el mejor conocimiento científico y que se garantice un verdadero enfoque ecosistémico que tenga en cuenta todas las interacciones que se producen en el medio marino. Elementos como el cambio climático, la contaminación por plásticos o las especies invasoras, por citar algunos ejemplos, afectan al estado de los recursos y han de tenerse en cuenta en las campañas de investigación.
Además de cuestiones ecológicas, las campañas de investigación deberán abarcar también aspectos sociales y económicos. La interacción entre ciencia y sector requiere que éste facilite datos de su actividad a los organismos científicos, y que las investigaciones tengan como objeto una mejora constante de los sistemas de explotación más sostenibles.
RECURSOS GENÉTICOS
La ley aborda por primera vez la gestión de los recursos genéticos pesqueros, que tienen una enorme potencialidad en el ámbito de la seguridad alimentaria y de los nuevos usos derivados del progreso de la ciencia y la tecnología.
Entre las novedades introducidas en la nueva normativa figura la creación de un Foro Asesor de Pesca, en el que participarán las autoridades pesqueras, los agentes representativos del sector y de la sociedad civil, y que la Secretaría General de Pesca convocara de forma periódica como órgano de consulta, elaboración, seguimiento y asesoramiento para que la política pesquera sea participativa. Su composición y funciones serán reguladas en un real decreto.
TRABAJOS DE RIESGO
La futura ley también incluye medidas que otorgan mayor protección de cara a la jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son especialmente penosas y suponen un gran desgaste.
Las rederas, neskatillas y empacadoras, que hasta ahora no contaban con este trato favorable, tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de jubilación del 0,15. Estas ocupaciones son en su mayoría desarrolladas por mujeres. También tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote, y los buceadores profesionales.
«Hablamos de un colectivo de 5.300 trabajadores que se hacen merecedores de un tratamiento más favorable para su jubilación», señaló Planas.
La flota española está formada por un total de 8.839 buques. Es la primera de la UE en tonelaje, la segunda en potencia (por detrás de Francia) y la tercera en número de buques (por detrás de Italia y Grecia).
El conjunto de la flota española capturó en el año 2020 cerca de 790.000 toneladas de pescado, de las que 456.232 toneladas (57,8%) fueron en aguas internacionales, 270.394 (34%) en el caladero nacional y 60.243 (7,6%) en aguas comunitarias. Esta cifra sitúa a la flota española a la cabeza dentro de la Unión Europea y dentro de las 20 primeras a nivel mundial.
