MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa que aumentará las «garantías» de los ciudadanos que se vean inmersos en pleitos judiciales y establecerá una serie de deberes para los abogados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la titular de Justicia, Pilar Llop, destacó la «importancia y trascendencia» de esta ley, que enmarcó en la política del Gobierno de garantizar los derechos de los españoles, en este caso el de defensa.
Llop señaló que el Ejecutivo considera que «sin justicia no hay cohesión social, no hay cohesión territorial y por esto es muy importante que todo el mundo pueda acceder al sistema de justicia con las máximas garantías». «El derecho del defensa no puede depender del bolsillo de cada uno, no puede depender de su situación social ni del lugar en donde viva», afirmó.
Con este fin, explicó que el anteproyecto de Ley de Derecho de Defensa es una norma «pionera» en Europa, ya que reúne en un único texto lo referido al derecho de defensa y a la tutela judicial.
CONTRATO CON LOS ABOGADOS
En cuanto a las novedades de la futura norma, indicó que el texto legal recoge todos los derechos de los ciudadanos en un proceso judicial, junto a lo cual se incluyen los deberes y otras circunstancias profesionales de los abogados.
Así, respecto a la población en general, se reconocen derechos como el libre acceso a los tribunales de Justicia, a un proceso público con todas las garantías o la doble instancia en la línea de sentencias emitidas por los jueces.
En cuanto a los abogados, se incluyen una serie de requisitos y principios deontológicos de los abogados que hasta ahora figuraban en códigos profesionales de los letrados. A este respecto, la titular de Justicia destacó que, por primera vez, se reconoce «con rango de ley» que los ciudadanos puedan pedir a su abogado que «la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o por un medio equivalente».
Llop aludió a que el anteproyecto regula los «servicios de orientación jurídica», que tendrán como finalidad orientar a la población, en especial a los colectivos más vulnerables, como víctimas de la violencia o personas con discapacidad.
