MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Gobierno acordó este martes solicitar a la comisión permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen con carácter urgente, «no más tarde del día 26 de mayo de 2022», sobre el anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de inversión.
Así consta en las referencias del Consejo de Ministros correspondientes al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Se trata de una reforma que el Gobierno lanzó en audiencia pública en mayo de 2021 con el objetivo de reforzar su misión en la financiación de la economía y con la que allana el camino a los llamados ‘Spac’, un tipo de vehículo que permite a compañías levantar capital para invertirlo en operaciones corporativas sin tener que desvelar su fin último.
Se trata de un mecanismo alternativo a la salida a Bolsa tradicional, especialmente interesante para empresas en desarrollo ya que favorece la diversificación de fuentes de financiación. La creación de ‘Spac’ «podría así fomentar la bursatilización de nuestra economía y, en consecuencia, reducir la dependencia del crédito bancario permitiendo que las empresas tengan a su disposición fuentes de financiación alternativas», según el documento.
La propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se había mostrado ya dispuesta en varias ocasiones a facilitar su desarrollo en los mercados españoles.
El paquete legislativo también transpone al ordenamiento español cuatro directivas comunitarias y busca mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales. Los tres reales decretos para transponer las directivas abordan desarrollos normativos relativos a las empresas de servicios de inversión; los instrumentos financieros, el régimen de registro de valores negociables y las infraestructuras de mercado y las potestades de supervisión de la CNMV.
En base a este paquete normativo, se establecerá además una clasificación de las empresas de servicios de inversión, que determinará la normativa de aplicación según el nivel de activos totales, y se capacita a la CNMV para establecer el régimen aplicable, dentro de determinados márgenes, en función del tamaño, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión.
También se incorporan los últimos cambios aprobados por la Directiva Mifid II para que los servicios de inversión favorezcan la recapitalización de las empresas europeas y faciliten las inversiones a la economía real.
