MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Gobierno ve una «consecuencia lógica» de la entrada en vigor del nuevo Código Penal que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena haya aplicado la derogación de la sedición a Carles Puigdemont, aunque mantenga su procesamiento por los delitos de malversación y desobediencia.
«Es una consecuencia lógica de esa modificación del Código Penal», afirmó la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quién fue la primera en reaccionar a esta decisión de Llarena, conocida durante un acto informativo en el que estaban hasta seis ministros para escuchar a la presidenta de La Rioja.
Al término del acto organizado por Europa Press, Sánchez recordó que en el caso del expresidente catalán «cuando se tramitaban esas peticiones de extradición, uno de los problemas jurídicos y procesales era esa falta de homologación con los códigos penales de los países de nuestro entorno y, sobre todo, en aquellos países se encontraban aquellos huidos de la justicia española».
Por todo ello, consideró que «lo que está haciendo el juez Llarena es adaptar esa tipificación de los hechos a los delitos que ahora resultan vigentes como consecuencia de la modificación del Código Penal» por lo que «es una consecuencia lógica de lo que se ha bonificado», reconoció la exacaldesa de Gavà (Barcelona).
