MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El juez de instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, acordó este lunes retirar el pasaporte y fijar comparecencias periódicas ante el juzgado de los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, que declararon hoy en sede judicial por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario durante la pandemia.
Ambos están investigados en el llamado ‘caso mascarillas’ por los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, y en el caso de Medina, el magistrado también le imputa un delito de alzamiento de bienes. Los dos han prestado declaración este lunes, y tras ello el juez ha acordado las citadas medidas cautelares.
Los dos socios han comparecido brevemente ante el juez porque sólo han aceptado responder a sus preguntas y a las de su defensa, negándose a responder a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas en la causa. Las acusaciones populares ejercidas por el PSOE, Podemos y Más Madrid habían solicitado las dos medidas cautelares adoptadas finalmente, mientras que el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio Público no pidieron ninguna.
El primero en llegar fue Luceño, con más de dos horas de antelación y tratando de pasar desapercibido. Con mascarilla y sin gafas sorteó a los periodistas y no hizo ninguna declaración. Con 40 minutos de anticipación llegó Medina a bordo de un taxi, a cara descubierta y trajeado. Tampoco quiso hablar con la prensa. Antes de entrar al juzgado, los dos exsocios se saludaron y esperaron su turno sentados por separado.
El magistrado investiga una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, unos hechos que el juez considera «graves» sobre todo porque se produjeron «en el momento más álgido de la pandemia», cuando había miles de muertes y escasez de equipos de protección.
LEGALIDAD
Tanto Luis Medina como Alberto Luceño defendieron la legalidad del contrato de suministro de material sanitario y el cobro de una comisión cercana a los seis millones de euros esgrimiendo que el Ayuntamiento firmó esas condiciones de compra. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en su contra por haber percibido comisiones de entre el 60% y el 80% del valor total de la venta de mascarillas, guantes y test en lo más duro de pandemia.
En sus respuestas al juez aseguraron que sólo tenían un contacto en el Ayuntamiento que era la responsable de contratación, Elena Collado, rechazando así la sospecha de que Medina se valió de la intermediación de un primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, para contactar con los responsables del Consistorio.
Collado está citada a declarar como testigo el próximo día 9 de mayo, aunque algunas de las partes personadas como acusación popular han pedido su imputación para que la comparecencia goce de todas las garantías procesales y pueda acudir al juzgado acompañada de su propio abogado y no de uno del Ayuntamiento.
Según la Fiscalía, el hijo del duque de Feria y Naty Abascal fue el facilitador de la transacción y la persona que contactó con el Ayuntamiento, «aprovechando» su condición de personaje público y «su amistad con un familiar del alcalde de Madrid» que fue, según su primera declaración ante el Ministerio Público, el contacto con la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Luceño insistió en que toda la transacción fue legal y en que todos los detalles de la operación eran conocidos y aceptados por la Administración municipal.
A tenor de la declaración ante el juez, se puede apreciar un cambio de estrategia en la defensa de los empresarios. Si en un primer momento Medina se declaró engañado por Luceño ante el fiscal, este lunes aseguró que el reparto de la comisión entre ellos estaba pactado y que no se sintió engañado.
Por su parte, a Alberto Luceño se le investiga por ser el encargado de las negociaciones con la funcionaria Collado. Se vendió como agente exclusivo de la empresa vendedora del material sanitario y empresario de experiencia en materia de importación de productos del mercado asiático, cuando en realidad no tenía experiencia en el sector ni actuaba por motivos «altruistas», según la Fiscalía.
