– El Gobierno catalán acordó ayer impulsar todas las actuaciones políticas y ejercer todas las acciones legales necesarias para aclarar este caso
MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El Pleno del Parlament de Cataluña aprobó este miércoles presentar una denuncia ante las autoridades judiciales en nombre de esta institución por el supuesto caso de espionaje a más de 60 líderes independentistas mediante el programa Pegasus, unos hechos que, a su juicio, podrían ser «constitutivos de delito».
La propuesta contó con 112 votos favorables del PSC, ERC, Junts, CUP y En Comú Podem; y 17 en contra, los de Vox, Ciudadanos y Partido Popular. La Mesa del Parlament catalán acordó ayer por unanimidad elevar al Pleno esta propuesta.
La sesión plenaria, que se amplió con la incorporación de este nuevo punto, comenzó con la lectura de una declaración de la Junta de Portavoces, firmada por ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem, de «condena del espionaje político que han sufrido diversas personas vinculadas al independentismo».
En esta misma línea, el Gobierno catalán acordó ayer impulsar todas las actuaciones políticas y ejercer todas las acciones legales necesarias en todos los niveles y en todas las instancias para aclarar este supuesto caso de espionaje, depurar responsabilidades y garantizar que no se puedan repetir hechos como los denunciados.
En este sentido, denunciará la «vulneración» de derechos humanos incluidos en la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea ante las instancias internacionales, europeas, estatales y catalanas competentes para la protección de estos derechos.
Además, el Gobierno de Cataluña solicitará al Consejo de Ministros el acceso a los contratos de cualquier tipo que se hayan podido firmar entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o cualquier otra agencia estatal con la empresa NSO Group u otras empresas que ofrecer servicios análogos.
Entre otras medidas, también requerirá nuevamente al Gobierno la reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales y que esta reforma también incide sobre la regulación, la organización, el funcionamiento y control del CNI e implique también la derogación de la Ley 14/2019, de 31 de octubre, conocida como el «decretazo digital», que permite al Ejecutivo intervenir las comunicaciones electrónicas sin autorización judicial.
A su vez, el Gobierno de Cataluña acordó encargar al Gabinete Jurídico de la Generalitat catalana el estudio y la propuesta de las actuaciones legales ante las instancias policiales y judiciales pertinentes para la defensa de la Generalitat y de los servidores públicos, incluidas las indemnizaciones que se puedan reclamar por daños y perjuicios sufridos.
