MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El PSOE y el Partido Popular se han distanciado de forma progresiva durante el último mes en las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta llegar a congelar las mismas tras la decisión del Gobierno de designar a Álvaro García Ortiz nuevo fiscal general del Estado en sustitución de Dolores Delgado.
En Génova no ha gustado nada este nombramiento y han decidido «endurecer» su posición en las conversaciones, aunque insisten en que su propuesta para «regenerar» el órgano de gobierno de los jueces está y estará encima de la mesa.
La razón por la que el PP ve con malos ojos la elección de García Ortiz como fiscal general del Estado reside en su «vinculación» al PSOE, la misma que esgrimió para repudiar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ubicase a Dolores Delgado, su exministra de Justicia y exdiputada del PSOE, en el mismo puesto.
Esta «vinculación» de García Ortiz se basa en su participación en un foro en un acto del PSOE sobre sostenibilidad medioambiental en Galicia en 2019 y en su paso por la Presidencia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Además, cargos de la dirección consideran que el nuevo fiscal es «incluso más sectario» que Delgado.
Estas últimas opiniones, junto la interpretación de que el Gobierno ha «perdido una oportunidad» para iniciar la «regeneración» de la Justicia al rechazar la designación de un candidato de «consenso» para sustituir a Delgado, han sido los motivos que han llevado a los populares a congelar las negociaciones, que para el PSOE, en cambio, nunca existieron.
«Cero negociación», admiten a Servimedia desde el equipo de Feijóo. Las mismas fuentes avanzan que no ha habido ningún ‘cara a cara’ más entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, tras el último encuentro infructuoso en el Congreso de los Diputados.
Los interlocutores designados por La Moncloa y Génova se reunieron el pasado 11 de junio en la víspera del Debate sobre el estado de la Nación. Aquel día, los populares presentaron su propuesta para abordar la reforma del CGPJ e intentaron que el PSOE retirase una proposición de ley con la que la Cámara Baja devolvería las competencias necesarias al órgano de gobierno de los jueces para elegir con mandato caducado a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional en un periodo máximo de tres meses.
El fracaso del PP en esa reunión fue doble y los socialistas sacaron adelante su proposición de ley, «una línea roja» que llevó al PP a «endurecer» su posición, más distanciada ahora con el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado.
COMPARECENCIA EN EL CONGRESO
Esta designación se hará efectiva el próximo lunes cuando el Consejo de Ministros dé luz verde a su elección. Antes, el hasta ahora jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado deberá comparecer este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso para que los grupos parlamentarios de la Cámara analicen la idoneidad de su perfil para el cargo.
En el PP ya preparan una ofensiva contra García Ortiz para ahondar en «la estrecha vinculación» del candidato propuesto por el Gobierno con el PSOE, aunque rechazan avanzar todavía detalles sobre la posición que marcarán en la comisión.
