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El Santander cifra en hasta 230 millones el impacto del impuesto a la banca y estudia si lo recurrirá en los tribunales

– Ana Botín afirma que «hay mejores maneras de ayudar a los que necesitan ayuda» y destaca que un tercio del beneficio va a impuestos

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, cifró este jueves el coste del impuesto al sector en entre 220 y 230 millones de euros para este año que «se va a contabilizar en el primer trimestre» y afirmó que se está estudiando si se recurre en los tribunales.

Así lo dijo la máxima responsable del banco en la rueda de prensa para dar detalles sobre los resultados obtenidos por el Santander el año pasado, ejercicio que cerró con un beneficio histórico de 9.605 millones, un 18% más con respecto a 2021.

Botín aseveró que están «absolutamente de acuerdo» con que el Gobierno tenga que recaudar, pero apostilló que la tasa efectiva que paga el banco en impuestos es, de media, alrededor del 30% y un estudio independiente que manejan apunta que la banca española contribuye a la sociedad con diferentes impuestos con más del 50% sus beneficios. Añadiendo sobre eso el impuesto español al sector, «pasa del 60%», indicó.

«Está muy bien, pagamos más impuestos pero que paguen todos», defendió la presidenta del Santander, argumentando que la banca abona cinco puntos más de tasa fiscal que otras empresas, y apeló a gravar sobre beneficios.

Botín insistió en que España es «el único país» en el que en 2022 no se cubrió aún el coste del capital y recordó que la mayoría del beneficio del Santander procede del exterior. «Un impuesto sobre ingresos y específico a los bancos tiene un impacto mucho más negativo», dijo y explicó que si se paga más en tributos revierte menos a los accionistas y en crédito a los clientes.

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Resumió que el banco destina aproximadamente un tercio del beneficio a pagar impuestos, otro tercio a financiar clientes y otro tercio a retribuir a los accionistas.

Con todo ello, concluyó que «nos parece que hay mejores maneras de ayudar a los que necesitan ayuda, con servicios sociales, programas especiales», y explicó que el banco tiene una «responsabilidad fiduciaria de analizar si este impuesto hay que recurrirlo o no y lo estamos analizando y nos parece que es nuestra obligación hacerlo».