MADRID, 10 (SERVIMEDIA)
El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) ha impugnado ante la Audiencia Nacional la aplicación «interesada y lesiva» de los servicios mínimos que aplica Iberia Regional Air Nostrum ante la huelga indefinida convocada por los pilotos desde el pasado 27 de febrero y que hoy alcanza los 13 días de paros.
Según denuncia el sindicato, la aplicación de los servicios mínimos por parte de Air Nostrum atenta contra el derecho constitucional de huelga de los pilotos al garantizar a la empresa unas cifras operativas de los vuelos del cien por cien, sin respetar los porcentajes fijados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
De hecho, el Sepla sostiene que «la dirección empresarial está implementando estas prácticas interesadas y espurias sin seguir criterio alguno, guiada únicamente por el afán de limitar los efectos de la huelga».
El sindicato ya había demandado al Ministerio por considerar desproporcionados los porcentajes de servicios mínimos fijados, pero «Iberia Regional ha ido más allá, incumpliendo tales porcentajes para conseguir operar el cien por cien de los vuelos en los supuestos en los que no está autorizada por el organismo gubernativo». Sepla ha denunciado a la empresa por este motivo ante la Audiencia Nacional, juicio que está señalado para el 17 de mayo.
Por otro lado, el sindicato denuncia que durante las reuniones entre el comité de huelga y la empresa, celebradas la pasada semana y más de un mes después de las anteriores, ha comprobado «la reiterada intransigencia mostrada por la dirección empresarial ante las legítimas reivindicaciones laborales de los pilotos».
«Lejos de buscar una solución que permita superar el conflicto laboral, Iberia Regional Air Nostrum, con su director general al frente, se niega a negociar absolutamente nada con la excusa de que no lo hará mientras los trabajadores continúen con la huelga», lamenta el sindicato.
Por ello, el colectivo de pilotos continuará los lunes y viernes con esta huelga indefinida «en defensa de unas condiciones laborales y una clasificación profesional justas, así como aquellas medidas encaminadas a paliar la pérdida de poder adquisitivo».
