Pulsa «Intro» para saltar al contenido

Jucil insta a guardias civiles en Cataluña a declararse perjudicados por el incumplimiento de la sentencia del 25% de clases en castellano

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, invitó este martes a todos los guardias civiles, asociados o no, a incluirse como perjudicados en el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que la Generalitat cumpla la sentencia que le obliga a impartir en castellano, al menos, el 25% de las clases en los colegios.

Así lo comunicó la asociación en una nota en la que subrayó que presentó el 28 de marzo pasado un recurso por vía telemática ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC para reclamar la imposición a las autoridades catalanas del cumplimiento de la sentencia declarada firme en enero.

En ella, subrayaron, se indicó que se deben «adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que, en el sistema educativo de Cataluña, todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza vehicular normal de las dos lenguas oficiales» (castellano y catalán) en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso.

Jucil, en coordinación con las plataformas ‘Hablamos Español’ y ‘Convivencia Cívica Catalana’, reclamaron que el fallo tenga consecuencias inmediatas para todos los ciudadanos que en Cataluña desean que sus hijos sean educados en castellano, al menos en un mínimo del 25% de las clases.

Por ello, las tres organizaciones suscribieron este martes el empoderamiento ‘apud acta’ que prescribe el nombramiento de un procurador ante el órgano judicial para la continuación del procedimiento iniciado el 28 de marzo con el recurso para demandar el cumplimiento de la sentencia declarada firme.

Quizás también te interese:  Conozca los Juzgados de Alzira y sus servicios

Por otra parte, solicitaron que se condene a la administración a abonar a cualquier miembro de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que lo reclame 450 euros, «o la cantidad que el tribunal estime conveniente, por cada trimestre en que no se aplique en la clase de sus hijos el fallo contenido en la sentencia dictada», según recoge el texto del recurso.

El texto propone además la aplicación de responsabilidades directas para los directores de los centros educativos que, «como han señalado algunos de ellos en declaraciones públicas», se nieguen a la aplicación de la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.