MADRID, 24 (SERVIMEDIA)
La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales anunció este lunes el inicio de una huelga indefinida a partir del próximo 16 de mayo, al entender que el Gobierno no está dando una respuesta adecuada a las demandas salariales y profesionales que están planteando.
El anuncio del paro indefinido fue realizado, a través de un comunicado conjunto, por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
En la nota se explica que Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales no se suman de momento a la huelga indefinida, aunque comparten el «diagnóstico de la situación». Estas organizaciones no descartan sumarse a las movilizaciones si fracasa la reunión prevista el 3 de mayo con el Ministerio de Hacienda para tratar la cuestión salarial.
Sin esperar a este encuentro, el resto de las asociaciones anuncia «la convocatoria una paro indefinido de las carreras judicial y fiscal a partir del día 16 de mayo de 2023».
«INACCIÓN NEGLIGENTE»
En el comunicado se indica que las entidades de jueces y fiscales manifiestan su «firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora».
Sin embargo, advierten de que no permitirán que la «inacción negligente» de los ministerios de Justicia y Hacienda permita que en España exista «un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces y fiscales no se desarrolla en condiciones -también retributivas- adecuadas».
Se afirma que la huelga general ha sido decidida ante el «decepcionante resultado» de las reuniones mantenidas con el departamento que dirige Pilar Llop los pasados 31 de marzo y 4 de abril.
Esta movilización de jueces y fiscales se produce después de que el Ejecutivo pactase con los letrados de la administración de Justicia (LAJ) subirles 450 euros mensuales para compensar la labor de gestión de los juzgados que vienen realizando. Estos empleados públicos iniciaron en enero protestas que finalizaron tras el acuerdo con el Gabinete de Pedro Sánchez.
