MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) volvieron a fracasar este martes en su cuarto encuentro para tratar de poner fin a la huelga que estos empleados públicos iniciaron el pasado 24 de enero.
A través de un comunicado, Justicia aseguró que el comité de huelga de los LAJ insiste en pedir «un incremento salarial de unos 1.100 euros al mes», con la idea de que su salario sea un 85% de lo que cobran los jueces.
El departamento de Pilar Llop señaló que los huelguistas no han respondido a la última propuesta que se les ha hecho, consistente en subidas de 5.000 euros al año para 700 LAJ que menos cobran en la actualidad.
El Ministerio lamentó que no se haya dado una respuesta a esta oferta, que hicieron los negociadores del Ejecutivo, que encabezaba el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
«AUMENTO INASUMIBLE»
Desde Justicia se criticó que, tras cuatro reuniones para negociar, los LAJ, «cuyos salarios actualmente oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, no han modificado su postura ni realizado cesión alguna, persistiendo en su objetivo de solicitar cobrar el 85% de lo que perciben los jueces, cuestión conocida como cláusula de enganche».
El equipo de Llop recordó que «ya se ha aprobado una subida retributiva para el colectivo superior al 14,5% en tres ejercicios, con carácter retroactivo y que ya están percibiendo en sus nóminas».
Según Justicia, «si se atendieran las reclamaciones de los letrados, supondría un incremento lineal en las nóminas de todos ellos de 1.100 euros al mes, unos 14.000 euros al año. El montante total ascendería a casi 61,5 millones de euros, más de lo que se destina al Servicio de Justicia gratuita de nuestro país».
«Se trata de un aumento inasumible, no solo para el erario público, sino para el conjunto de la sociedad», afirmó Olmedo, quien señaló que el comité de huelga no ha barajado en ningún momento suspender el paro como gesto de voluntad negociadora. El secretario general de Justicia hizo un llamamiento para evitar mayores perjuicios a la ciudadanía y anteponer sus intereses «a los meramente económicos mostrados hasta el momento por los huelguistas».
