La Fiscalía abrió 40 expedientes a administraciones por no garantizar la plena inclusión a personas con discapacidad en 2021

MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

La Unidad Coordinadora de Protección a Personas con Discapacidad y Mayores, creada en 2019, abrió un total de 40 expedientes a las administraciones por no garantizar la plena inclusión a personas con discapacidad en 2021 por razones de accesibilidad y discriminación (34,14 %), de accesibilidad de la justicia (7,31 %), en coordinación de actuaciones de las secciones especializadas (36,58 %) y por denuncia de situaciones de abuso o desprotección (14,63 %).

La citada Unidad cerraba la estructura nacional de los servicios especializados en personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía. En este tiempo el Ministerio Público «se ha esmerado en consolidar y reforzar los lazos que a lo largo de los años se han creado por la Fiscalía de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con diversas entidades del tercer sector».

En este marco, dice la Memoria de la Fiscalía presentada en la apertura del Año Judicial, se inscribe el convenio de colaboración suscrito con la Confederación Plena Inclusión el pasado 9 de septiembre de 2021 para favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, con el seguimiento de los convenios vigentes con la Cruz Roja, el Consejo General del Notariado, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) o con el Foro Justicia y Discapacidad.

El informe recoge los problemas de los que ha tenido conocimiento la Unidad en relación con la accesibilidad y discriminación de personas con discapacidad en variados aspectos tales como el acceso a la educación inclusiva en centros ordinarios, de titulación en la enseñanza secundaria cuando el alumno ha tenido adaptación curricular significativa o en materia urbanística y de transportes, abriéndose 15 expedientes de seguimiento. En total se abrieron 40 expedientes de toda naturaleza.

Algunos no han llegado a ser subsanados por la Administración tras la comunicación remitida por la Unidad, por lo que podrían acabar judicializados para garantizar la plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.

A modo de ejemplo, la Memoria cita el expediente abierto de oficio a la Comunidad de Madrid ante la situación de un profesor con discapacidad auditiva que no puede ejercer su trabajo como docente pese a haber superado la correspondiente oposición, al no proporcionarle la Administración los apoyos que precisa para el desempeño de su actividad, especialmente un intérprete en lengua de signos.

El Ministerio Fiscal tramitó en total 40 expedientes de seguimiento. Las temáticas se reparten entre los problemas de accesibilidad y discriminación por razón de discapacidad (34,14 %), de accesibilidad de la justicia (7,31 %), coordinación actuaciones de las secciones especializadas (36,58 %) y denuncia de situaciones de abuso o desprotección (14,63 %).

La consideración de que todas las personas tienen la misma capacidad jurídica, aunque algunas puedan precisar apoyos, pues de ello depende el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, es la clave de bóveda de las últimas reformas legislativas. Con ello, se cierra el paso a las declaraciones o modificaciones de capacidad, así como a las formas sustitutivas en la toma de decisiones.

La reforma comporta la desaparición de las antiguas figuras de guarda legal y concentra en la nueva curatela y en el defensor judicial las instituciones legales o judiciales de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mayores de edad. Estas medidas propiciarán una progresiva desjudicialización de estos asuntos.

En materia de accesibilidad a la justicia, la Fiscalía ha puesto en marcha la figura del facilitador, que necesita aún de desarrollo reglamentario, pues no está determinado el perfil ni la cualificación profesional que ha de tener. Las carencias de la figura está siendo suplidas, reconoce la Memoria por la actuación del tercer sector de acción social.