MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha impulsado tiene una investigación abierta sobre la extracción ilegal de aguas subterráneas o de superficie en el entorno de Doñana.
Se trata de determinar si hay responsabilidades medioambientales por incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció en 2021 que la sobreexplotación es la responsable directa de la degradación del parque nacional.
El Ministerio Público ha ordenado al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que recabe de «diferentes organismos informes periciales sobre los efectos adversos significativos que las extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas» en Doñana y sus alrededores.
Además, reclama un informe sobre «la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitats o especies silvestres concernidos». Se busca poder exigir, en su caso, «responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos».
Las diligencias han sido ordenadas por el fiscal de la Audiencia Nacional Manuel Campoy y son consecuencia del escrito de la Comisión Europea que advertía de que la regularización de regadíos ilegales que planea la Junta de Andalucía puede ir en contra de la legislación comunitaria en materia de medioambiente. El cumplimento de estas directrices tiene que estar garantizado por las autoridades españolas.
