MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía provincial de Madrid solicita nueve años y nueve meses de prisión para F. N. G. I. por crear una red dedicada a la obtención de información policial de manera ilícita para utilizarla a cambio de favores. Le imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho activo.
Dentro de esta misma causa el representante del Ministerio Público pide ocho años y seis meses de prisión para F. G. S. y J. G. H., funcionario y cabo de la Policía Municipal de Madrid, respectivamente, para el guardia civil F. J. S. L. dos años y ocho meses de prisión por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, y para el coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid E. G. G. reclama una multa de 4.500 euros por un delito de violación de secretos.
Según el escrito de acusación, F. N. G. I. comenzó a pedir informaciones acerca de la titularidad de varias placas de matrículas a los otros dos acusados, un funcionario y un cabo de la Policía Municipal de Madrid. Ambos consiguieron acceder a la aplicación Objetos del Cuerpo Nacional de Policía dado que estaba autorizado «pero solo en el ejercicio de la funciones que tienen encomendadas y en el marco de una concreta actuación policial en la que participen». De ahí que toda consulta que se produjera al margen de dichos parámetros no estaba autorizada.
Los datos relativos a las matrículas eran utilizados en algunos casos por F. N. G. I. para contactar con los titulares de las placas, «a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia». A cambio de la información, los dos funcionarios de la Policía Municipal de Madrid obtenían gratificaciones económicas.
Los tres acusados llegaron a crear un grupo de WhatsApp llamado ‘Dpto Seguridad Nacional’ a través del cual concretaban cuándo se repartían el dinero por su colaboración.
Llegaron a consultar varias placas de matrículas de automóviles que en la mayor parte de los casos resultaron ser propiedad de empresarios. Paralelamente, el 29 de septiembre de 2014, F. N. G. I. contactó con el otro acusado, F. J. S. L., un funcionario de la Guardia Civil con destino en la Casa Real, que también accedió a facilitar la identidad del titular del vehículo con la matrícula que le había facilitado. Gracias a la aplicación ‘Sigo’ le comunicó que la matrícula constaba como ‘Placa reservada de secretaría de Estado’ y le explicó: «No podemos saber a quién está asignada en concreto, salvo al servicio central».
Por último, el 29 de septiembre de 2014, F. N. G. I., pidió por WhatsApp al otro acusado, E. G. G., coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, información sobre si la placa matrícula de la que no había obtenido información acerca de su titular se correspondía a algún vehículo de la contra vigilancia de la PMM en los siguientes términos: «Mándamelo al secreto!!!! A este!!! Puedes hablar?, que los de la casa real tardan más en mirarla… Queremos saber si es de contra vigilancia». Seguidamente el acusado le comunicó que la matrícula no correspondía a ningún vehículo del Ayuntamiento de Madrid. El juicio será el lunes en la Audiencia de Madrid.
