MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, se sumaron este martes al argumento ofrecido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, esta mañana, de que la revisión a la baja de las condenas a una decena de agresores sexuales no es culpa de la ‘Ley del solo sí es sí’, sino de que los jueces «están incumpliendo» la norma.
Así se expresaron en el Congreso de los Diputados, donde ambas comparecieron en la Comisión de Igualdad y en la que PP y Vox denostaron la ‘Ley del solo sí es sí’ y pidieron su derogación.
Tanto Rodríguez como Rosell explicaron que los jueces están haciendo una interpretación de la reforma del Código Penal «con sesgo de género» y reclamaron, como lo hizo esta mañana Irene Montero, que «haya formación obligatoria para los jueces» sobre violencia sexual.
Rodríguez resumió el problema de la rebaja de las condenas y de las críticas que se están produciendo «por misoginia contra el Ministerio de Igualdad».
Las dos negaron la posibilidad de revisar la ley, tal y como planteó ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del PSOE. Consideró Rodríguez que el problema de las revisiones de condena «es de interpretación del Código Penal». «¿Dónde está la formación de los jueces? Es una vergüenza. Fórmense, señores jueces», denunció. Por último, remarcó que todo se reduce a «machismo y misoginia».
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, por su parte, se mostró totalmente en contra de revisar la ‘Ley del solo sí es sí’, y calificó esa postura de «barbaridad jurídica». «El Ejecutivo ha hecho los deberes y sólo falta que el Judicial interprete la norma conforme a los estándares internacionales», aseveró.
Respecto a la jurisprudencia sobre esta Ley que se aprobó hace solo cinco semanas, Rosell señaló que está muy consolidada respecto a la revisión de penas.
«Lo que tenemos ahora son avisos, peticiones de suspensión y alguna revisión gravemente errónea que, desde luego, no es jurisprudencia, y contra las que cabe recurso ante el Tribunal Supremo», concluyó.
