MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han elaborado un comunicado en el que informan conjuntamente a sus asociados de los acuerdos firmados este martes con los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública y la Fiscalía General del Estado Enel seno de la Mesa de Retribuciones.
El acuerdo rubricado hoy incluye un aumento de las retribuciones para jueces y fiscales de entre 440 y 450 euros, según los casos, que se realizarán tres tramos del (40%, 40% y 20%) desde ahora y hasta el primero de junio de 2024.
Incluye también un calendario para dar continuidad a las negociaciones retributivas para el próximo quinquenio, con la constitución de grupos de trabajo destinados a preparar nuevas mejoras retributivas sobre guardias, trienios, carrera profesional o grupos de población, entre otros, en un plazo máximo de tres meses y reuniones al menos trimestrales a partir de su constitución y con la reunión formal de la comisión en mayo de 2024 y anualmente durante el período de ejecución.
Por último el documento incluye la previsión de que se convoquen 100 nuevas plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal en 2023 y otras 100 en 2024. Y, en el caso de la carrera fiscal, el compromiso de acordar cuestiones como la conversión de plazas, el desdoblamiento de fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales, inclusión de los Anexos de la Ley 15/2003 de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área y aprobación de las plazas presupuestadas para 2023.
Las asociaciones se comprometen a seguir informando del resultado de las conversaciones que en los próximos meses tendrán lugar en cumplimiento de este acuerdo y como continuación de las negociaciones desarrolladas hasta la fecha en la Mesa de Retribuciones.
La conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la única asociación que se ha negado a suscribir la oferta planteada por los Ministerios de Hacienda y Función Pública y de Justicia, por considerar «insuficiente» la oferta.
