MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró este viernes que los Presupuestos del Estado (PGE) de 2023 darán el «impulso definitivo» para convertir el sistema judicial español en «un servicio público accesible, eficiente, igualitario y sostenible».
Según informó Justicia, así lo indicó Llop al valorar la partida de su departamento en las cuentas del año que viene, que el Gobierno ya ha entregado en el Congreso.
Justicia se refirió a que en el proyecto de PGE de 2023 tiene asignados un total de 2.304,58 millones de euros. De ellos, 2.197,36 millones corresponden al presupuesto ordinario, lo que supone un incremento de 159,63 millones respecto a 2022, un 7,83% más.
Dentro de los 2.304,58 millones se incluyen 105,86 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, procedentes de la Unión Europea.
MEDICACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS
A este respecto, la ministra indicó que estas cuentas del Estado para el año que viene constituyen el «impulso definitivo para transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente, igualitario y sostenible».
La ministra también se refirió al proceso de transformación que vive la Administración judicial y destacó que el objetivo último de estos PGE es «acercar la Justicia a la ciudadanía, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento».
Como aspectos destacados de la partida destinada al departamento de Llop, se contempla la implantación del nuevo modelo de Oficina Judicial y la creación de 54 Unidades de Mediación. Además, está prevista la creación de 27 Unidades Administrativas de Asistencia a las Víctimas y se incrementa en 1,6 millones el importe para becas, lo que supone el doble que el año anterior, con un total de 3,2 millones.
70 UNIDADES JUDICIALES
Al mismo tiempo, el importe asignado al Ministerio de Justicia y al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia asciende a 107,21 millones de euros (105,86 y 1,35 millones de euros respectivamente).
Las inversiones que se van a realizar son, por un lado, de 57,50 millones de euros, destinadas a proyectos tractores de digitalización como la inmediación y el nuevo Registro Civil y completa los 410 millones asignados para la digitalización de la Justicia.
Por otro lado, se destinarán 49,71 millones a la rehabilitación sostenible de 37 sedes judiciales en el Territorio Ministerio de Justicia y en las autonomías, algo que se realizará dentro de la ejecución del Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado.
Asimismo, los PGE 2023 para Justicia contemplan la creación de 70 unidades judiciales, dotadas con 13,65 millones de euros y la ampliación en 70 plazas de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal, cuyo presupuesto es de 6,67 millones de euros.
