MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La ministra de Justicia, Pilar Llop, recogió este jueves un premio que los registradores españoles han concedido a su departamento «como pilar del Estado de derecho».
Según informó Justicia, este galardón es el XII Premio Gumersindo de Azcárate, concedido por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España y el Decanato Autonómico de los Registradores de Madrid.
Al recibir la distinción, Llop se refirió a que «la Justicia es un pilar básico del Estado social y democrático de derecho» y subrayó «la necesidad de consolidar y defender nuestra democracia».
También, en línea con las ideas impulsadas por Gumersindo de Azcárate, la ministra aludió a la capacidad de diálogo como seña de identidad de un Gobierno que favorece la política de calidad. Así, indicó que tanto el conjunto del Ejecutivo como su departamento entienden que una «acción pública capaz de canalizar las demandas sociales y de dar respuesta a las nuevas realidades, incluso anticiparlas, es sinónimo de una política respetuosa y cercana a las personas».
SERVICIO «MÁS EFICIENTE»
Llop destacó que su ministerio está «trabajando para que nuestra Justicia avance y evolucione al mismo tiempo que lo hace la sociedad española». El objetivo, según ha dicho la ministra, es «alcanzar un servicio público más accesible, más eficiente, más sostenible e igualitario».
Para conseguir esos objetivos, la ministra se refirió a tres piezas clave en las que se basa la actuación de su departamento esta legislatura, que son la Ley de Eficiencia Organizativa, la Ley de Eficiencia Procesal y la Ley de Eficiencia Digital.
También aludió a medidas con las que «se mejora estructuralmente la organización de los órganos judiciales», como la creación de los tribunales de instancia o el impulso «a una más eficiente Oficina Judicial». También se refirió a que las Oficinas de Justicia en los municipios son «un instrumento idóneo para reducir la brecha territorial, digital, generacional, de discapacidad o económica, acercando el servicio público de Justicia a la ciudadanía».
Asimismo, aludió a que las leyes que se están impulsando buscan aumentar la eficiencia y celeridad en la tramitación de procedimientos judiciales, como la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias, o la regulación de la transformación digital «que ya es una realidad que va a convertir nuestro servicio público en un referente de la modernización de España».
