Al hablar de los procuradores, no siempre se conoce cuál es su verdadera función. Un procurador es un profesional del ámbito legal cuya función principal es representar y actuar en nombre de una de las partes involucradas en un proceso judicial. Su intervención es obligatoria en ciertos tipos de procedimientos legales, actuando como intermediario entre el cliente y el sistema judicial.
Contratar los servicios de este tipo de profesionales se convierte en una decisión crucial tanto para particulares como para empresas que se enfrentan a procedimientos legales. Ellos desempeñan un papel fundamental en el sistema judicial, actuando como representantes legales que gestionan y llevan a cabo diversos trámites y actuaciones en nombre de sus clientes.
Tanto para las personas como para las empresas, contar con procuradores en Benidorm, proporciona una serie de beneficios notables. Ellos cuentan con un gran conocimiento de los procedimientos legales, lo que garantiza que todas las actuaciones se realicen conforme a la normativa vigente. Su experiencia facilita el manejo de la documentación, plazos y requisitos legales, lo que reduce la posibilidad de errores y agiliza los procesos judiciales.
Además, su contratación libera a los clientes de la carga administrativa y legal asociada a sus casos. Esto permite centrar sus esfuerzos en otras áreas relevantes, ya sea el desarrollo de sus actividades comerciales o el manejo de sus asuntos personales, mientras el procurador se encarga de los aspectos legales.
En situaciones judiciales, actúan como intermediarios entre los abogados y los tribunales, facilitando una comunicación eficiente y contribuyendo a un desarrollo fluido de los procedimientos legales. Esta función de intermediación es esencial para garantizar que las partes involucradas comprendan claramente los términos y requisitos legales.
Desde Mengual Procuradores, señalan que “para contratar a un Procurador de los Tribunales, es necesario cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, el Procurador debe estar colegiado por un Colegio de Procuradores, el cual se encarga de velar por el cumplimiento de las leyes y los estándares profesionales. Además, debe ser Licenciado en Derecho.”
La obligatoriedad de contratar este tipo de profesionales, varía según la jurisdicción y el tipo de procedimiento legal. A continuación, algunos requisitos en diferentes áreas:
Jurisdicción Civil:
Es obligatorio contratar un procurador en la mayoría de los procedimientos civiles. Sin embargo, hay excepciones, como en los juicios verbales cuya cuantía es inferior a 2.000 euros, la petición inicial de procedimientos monitorios, juicios universales limitados a la presentación de títulos de crédito, en incidentes relacionados con la impugnación de resoluciones de asistencia jurídica gratuita, y al solicitar medidas urgentes antes del juicio.
Jurisdicción Penal:
La intervención de un procurador es necesaria al presentar una querella en procedimientos penales. También se requiere este profesional al intervenir como perjudicado y, si la persona es querellada o denunciada, durante la apertura de juicio oral.
Jurisdicción Laboral o Social:
En la primera instancia laboral, no es necesario contratar un abogado ni un procurador. Sin embargo, se requiere un abogado o graduado social para el recurso de suplicación, y la asistencia de un abogado es obligatoria en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Jurisdicción Contencioso-administrativo:
La contratación de un procurador es indispensable cuando la cuantía del juicio supera los 30.000 euros o se desarrolla ante un órgano colegiado.
Los requisitos reflejan la diversidad de normativas en las distintas jurisdicciones, destacando la importancia de evaluar las necesidades específicas de cada caso para garantizar el cumplimiento adecuado de los procedimientos legales.
