MADRID/BARCELONA, 02 (SERVIMEDIA)
El exconsejero de la Generalitat de Cataluña Josep Rull aseguró este viernes que el juez instructor del caso del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, debería asumir «algún tipo de responsabilidad» después de que la ONU afirmara que España «violó» los derechos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y el propio Rull al suspenderles de sus cargos políticos.
Así lo indicó Rull en una rueda de prensa desde la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna en Barcelona junto con el también exconsejero de la Generalitat catalana Raül Romeva (ERC) y los abogados Jordi Pina y Carles Mundó y que se emitió de forma simultánea con la rueda de prensa del abogado Nico Krisch desde Ginebra.
Rull, quien en principio iba a estar en Ginebra pero que no pudo viajar por un retraso en el vuelvo debido a la huelga y finalmente compareció en Blanquerna, destacó que «no tiene sentido» que ante esta «vulneración constante y permanente de derechos humanos» haya un «elemento de impunidad absoluta».
Además, destacó que no puede ser que ante «cada huida hacia adelante del juez Llarena haya un aplauso de todos los poderes públicos del Estado». «En un país normal esto tendría que tener consecuencias inmediatas y fulminantes», añadió.
«Nos encontramos ante un homenaje a la deconstrucción de la separación de poderes», destacó, al tiempo que añadió que el Estado es «débil» y que para garantizar su «integridad territorial» se ve «forzado» a «sacrificar derechos y libertades fundamentales», a «desmantelar su propio Estado de Derecho».
A su vez, se mostró «poco optimista» con que el Estado «mueva ficha» y responda a esta decisión, peso a ello, aseguró que la resolución de la ONU es una «buena munición jurídica» para las causas que estos cuatro líderes del ‘procés’ tienen abiertas, en concreto dos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y una en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
Por su parte, Romeva aseguró que la decisión de la ONU es un «claro reconocimiento» de que en España «no hay respecto por la separación de poderes» y de ha habido una «clara injerencia» por parte del Poder Judicial en el caso del ‘procés’, así como un reconocimiento de que este país «ha vulnerado los derechos humanos y fundamentales» de cuatro personas y de «todas aquellas personas a las cuales estas cuatro personas» representaban.
Además, entendió que esta decisión «obliga» a una reacción por parte del Gobierno de España, de hecho, el texto especifica que un periodo de 180 días el Estado tiene que reaccionar. Romeva pidió una reacción para prevenir «que esto se vuelva a producir» y que haya una respuesta «política», que sería «la amnistía».
«Esto lo que nos evoca es a entender que se ha judicializado un conflicto político y que, por tanto, en la medida en que se ha judicializado, la única manera de desjudicializarlo es anulando las causas judiciales que hay y devolver el debate al ámbito de la política, que es donde siempre hemos dicho que debería estar», concluyó.
