El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Logroño ha reconocido el derecho de un funcionario de la Administración de Justicia de La Rioja a disfrutar de un permiso laboral retribuido para cuidar de su hijo menor de edad, que había sido confinado al estar en contacto estrecho con compañeros de clase contagiados por covid-19.
La denuncia fue interpuesta por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ya que la citada administración denegaba a este funcionario el permiso instándole a consumir días de vacaciones o de asuntos particulares.
En el recurso, el sindicato reclamaba el derecho de este funcionario interino a disfrutar del permiso por “deber inexcusable de carácter personal”, recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y la obligación de velar por los hijos menores que establece el Código Civil.
Según explica CSIF, el empleado público no podía acogerse a la modalidad de teletrabajo, ya que sus funciones no lo permiten.
La citada sentencia subraya que el deber inexcusable incluye todos aquellos que estén vinculados a la conciliación de la vida familiar y laboral y que “los deberes derivados de la paternidad y la filiación constituyen un presupuesto para la concesión de este permiso”. Además, la sentencia incide en que, en este caso, la motivación es la aplicación de los protocolos establecidos para luchar contra la pandemia.
Asimismo, la sentencia insta a que se le devuelvan los días de vacaciones que el afectado tuvo que utilizar para cuidar de su hijo menor de 14 años confinado.
Hasta la fecha, los servicios jurídicos de CSIF no tienen comunicación alguna de que la administración haya recurrido esta sentencia, que califica de “pionera”, a pesar de que ya ha transcurrido un mes de su pronunciamiento, por lo que el sindicato cree que se podrían haber agotado los plazos y, en tal caso, se consideraría firme.
CSIF valora de manera “positiva” que la justicia reconozca el “deber inexcusable” de atender este tipo de situaciones, lo que, en opinión de la organización sindical, “ampararía supuestos similares en los que se pretenda restringir este derecho, tanto en la administración como en la empresa privada”.
(SERVIMEDIA)
