MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que las fuerzas ucranianas «violan las leyes de la guerra» y «ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas, incluso en escuelas y hospitales» con el objetivo de repelar la invasión rusa de Ucrania que comenzó el pasado mes de febrero.
Lo hizo a través de un comunicado en el que atestiguó que estas tácticas ucranianas «violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil» al convertir a la ciudadanía en «objetivos militares».
A ello se añade que los ataques rusos en zonas pobladas han provocado la muerte de civiles y han destruido infraestructura civil.
Ante esta situación, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, explicó que la organización ha documentado «un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas» y subrayó que «estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario».
Entre los meses de abril y julio, un equipo de Amnistía pasó varias semanas investigando los ataques rusos perpetrados en las regiones de Járkov, el Dombás y Mykolaiv, un trabajo que incluyó entrevistas a supervivientes, testigos y familiares de las víctimas, así como labores de detección a distancia y análisis de armas.
ZONAS RESIDENCIALES
Las pesquisas permitieron determinar que las fuerzas ucranianas atacaban desde el interior de zonas residenciales habitadas y que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas anteriormente.
La mayoría de estas zonas residenciales distaban a varios kilómetros del frente, a pesar de que «existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales».
A su vez, AI reconoció «no tener conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil».
Los testimonios recogidos por la organización transmitieron que el ejército ucraniano «estaba operando cerca de sus casas en torno al momento de los ataques, exponiendo las zonas a disparos de represalias de las fuerzas rusas», unas prácticas que fueron corroboradas por sus equipos sobre el terreno.
Por todo ello, AI expuso que «el derecho internacional humanitario exige que todas las partes en un conflicto eviten en toda la medida de lo posible, emplazar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades» y apostilló que «la obligación de proteger a la población civil de los efectos de los ataques incluye también retirar a ésta de la vecindad de objetivos militares y avisar de forma efectiva de cualquier ataque que podría afectarla».
HOSPITALES Y ESCUELAS
Por su parte, el equipo de investigación de Amnistía comprobó que las fuerzas ucranianas usaban hospitales como bases militares en cinco lugares, y en escuelas de ciudades y pueblos de la zona del Dombás y de Mykolaiv.
En el caso de las escuelas, arguyó que, a pesar de que el derecho internacional humanitario «no prohíbe expresamente» a las partes en conflicto establecer bases en ellas durante los periodos vacacionales, las fuerzas armadas «tienen la obligación de evitar usar» los establecimientos cercanos a casas o edificios habitados por civiles, «salvo que haya una necesidad militar imperiosa».
Por todo ello, Agnès Callamard manifestó que «el Gobierno ucraniano debe asegurarse inmediatamente de que emplaza a sus fuerzas lejos de zonas pobladas o evacuar a la población civil de las zonas donde opera el ejército» y apuntó que «las fuerzas armadas nunca deben usar hospitales para combatir en una guerra y sólo deben usar escuelas o viviendas civiles como último recurso, cuando no haya alternativas viables».
El pasado 29 de julio, Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano para comunicarle las conclusiones de esta investigación, sobre las cuales todavía no ha recibido respuesta.
