MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La organización Ecologistas en Acción tramitó judicialmente el año pasado 306 casos para la protección del medio ambiente, cifra superior a los 286 de 2021 y los 244 de 2020.
De todos estos asuntos, 205 pertenecen a la jurisdicción contenciosa administrativa, 100 a la penal por delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio y uno a la civil, según informó este miércoles Ecologistas en Acción.
Por comunidades autónomas, los casos se reparten entre Andalucía (95), Castilla y León (60), Cataluña (26), Murcia (22), Comunidad de Madrid (19), Extremadura (17), Castilla-La Mancha (16), Aragón (12), Cantabria (11), Comunidad Valenciana (10), Canarias (6), País Vasco (6), Galicia (4), Navarra (1) y Melilla (1).
La temática de los distintos procedimientos es variada y comprende prácticamente todos los aspectos medioambientales, como licencias o planes urbanísticos, vías pecuarias o caminos públicos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, minería, o grandes plantas renovables, infraestructuras de transporte, gestión de espacios protegidos, delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras y prevaricación urbanística.
El Área Jurídica de Ecologistas en Acción, compuesta por decenas de abogados que colaboran con las distintas federaciones y grupos locales, dedica una especial atención a los asuntos relacionados con la prevaricación de autoridades o funcionarios derivada de licencias o autorizaciones medioambientales o urbanísticas irregulares.
ALGUNOS CASOS
Entre los procedimientos que se están tramitando en tribunales penales con esta temática está el del vertedero de residuos tóxicos de Salvatierra de los Barros (Badajoz), el desvío del río Guadalete a su paso por Grazalema (Cádiz) y el posible delito de prevaricación urbanística en Candeleda (Ávila).
También destacan la inactividad por no prohibir una cacería en Palencia, el caso de presunta corrupción en la tramitación de Meseta Sky (Valladolid) o las actuaciones de la administración en relación con el incendio de Sierra Culebra (Zamora).
Otros casos son el accidente de Ditecsa en Barcelona, las edificaciones en zonas de máxima protección en Valdemorillo (Madrid), la aprobación del proyecto de viales en zona protegida para acceso a urbanización promovida por la Universidad Antonio Nebrija en Hoyo de Manzanares (Madrid) o las actuaciones irregulares de funcionarios en relación con la balsa Jenny o en naves de porcino en Puerto Lumbreras (ambas en Murcia). En algunos casos estas presuntas acciones prevaricadoras se dan también por conductas omisivas de funcionarios o autoridades.
Uno de los asuntos más destacables es el proceso penal que Ecologistas en Acción sigue como acusación popular contra el presunto fraudulento procedimiento de adjudicación de los derechos mineros para la reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar y Sanlúcar La Mayor, cuyo proceso de adjudicación en 2015 al consocio Minorbis-Grupo México va ser juzgado por la Audiencia Provincial de Sevilla contra 14 funcionarios y autoridades de la Junta de Andalucía y dos directivos de la empresa por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociación ilegal, malversación de fondos públicos, fraude a la administración y prevaricación ambiental.
En relación con asuntos judicializados por falta de actividad de la administración en el cumplimiento de las normas ambientales están también los casos de la falta de deslinde de vías pecuarias o del inventario de caminos públicos o de plan de recuperación de mamíferos todos ellos en Cataluña, la inacción continuada respecto al estado de las aguas contaminadas del embalse de As Conchas (Orense) y la falta de los planes de calidad del aire a que obligan las directivas comunitarias en varias comunidades autónomas.
«La protección del medio ambiente está en nuestro ADN de activistas», subrayó Luis Rico, coordinador de Ecologistas en Acción.
Jaime Doreste, abogado de la organización, añadió que «trasladar la lucha ecologista a los procedimientos judiciales es una herramienta más para la defensa ambiental de un planeta vivible y biodiverso y para la construcción de una sociedad más justa y sostenible».
