-La ministra Pilar Alegría pide también a las comunidades autónomas hacer «un esfuerzo inversor» para impulsar la FP
MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Educación y Formación Profesional se encuentra «valorando» la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que constata la «imposibilidad» de ejecutar el fallo judicial por el que se obliga a que un 25% de las clases se impartan en castellano en las aulas de la comunidad autónoma.
Así lo aseguró este jueves la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en una entrevista en el programa ‘Espejo Público’, de Antena 3, recogida por Servimedia y en la que subrayó que fue este miércoles cuando su departamento recibió la resolución del tribunal catalán.
«Evidentemente, lo estamos valorando con los asesores jurídicos del ministerio y daremos respuesta en ese plazo de los diez días que nos corresponda», espetó, para agregar que, «durante este plazo que ha dado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», su gabinete dará «respuesta una vez lo pueda valorar también internamente dentro del ministerio».
No obstante quiso «dejar un mensaje claro» que juzgó, «realmente, lo que nos debe interesar a todos», como es el hecho de que los jóvenes que están estudiando y formándose en las comunidades autónomas con lengua cooficial, que, puntualizó, «no es solo Cataluña, sino que es también Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia y Euskadi», al finalizar su formación básica, «se desenvuelvan con la misma fluidez y con la misma naturalidad, tanto en castellano como en la lengua cooficial».
«Creo que es en esta dirección donde debemos trabajar todas las administraciones», apostilló.
FORMACIÓN PROFESIONAL
En otro orden de cosas, preguntada por la falta de plazas de formación profesional, Alegría recordó que el Gobierno de España, en los dos últimos años académicos, ha financiado, «para todas las comunidades autónomas, prácticamente casi 130.000 nuevas plazas». «Vamos a terminar estos dos próximos años llegando a ese compromiso que establecimos de financiar a las comunidades autónomas más de 200.000 nuevas plazas, precisamente para que esos jóvenes puedan cursar y se puedan formar en Formación Profesional», abundó.
Sin embargo, advirtió de que «conviene recordar que la planificación de la oferta educativa es una responsabilidad de las comunidades autónomas». «De hecho, en este gobierno sabíamos que había esa necesidad de aumentar las plazas, porque había una demanda importante por los jóvenes de nuestro país, y por eso hemos hecho ese esfuerzo inversor tan importante para ampliar ese número de plazas», sentenció.
«Ahora bien, aquí también corresponde a las comunidades autónomas hacer un esfuerzo inversor, apostar por que esos jóvenes puedan tener derecho a una plaza», resolvió, para criticar que, en concreto, la Comunidad de Madrid, «ha preferido poner en marcha eso que han llamado beca en vez de apostar por la formación profesional, por ampliar ese número de plazas».
