MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Igualdad planteó este miércoles a las comunidades autónomas formar sobre perspectiva de género y detección de violencia machista a los turnos de oficio de abogacía en materia de derecho de familia y al personal de los juzgados, fundamentalmente los de familia.
Lo hizo durante la reunión del comité de crisis que se celebra este miércoles tras el asesinato de diez mujeres a manos de sus parejas o exparejas en septiembre, mes en el que se alcanzaron 50 asesinatos machistas, un guarismo que supera los 49 registrados el año pasado.
Según informaron fuentes de Igualdad, en la reunión de hoy se está abordando la posibilidad de ofrecer formación sobre perspectiva de género y detección de violencia machista a los turnos de oficio de abogacía en materia de derecho de familia y al personal de los juzgados, especialmente de familia, puesto que «la mayor parte de las víctimas trata de salir de la violencia a través de la separación y no de la denuncia».
También se está debatiendo sobre auspiciar la formación acerca de la violencia de género en Atención Primaria y salud mental, y abordar la reforma que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual hizo a la Ley Orgánica 1/2004 para proveer de recursos especializados en salud mental en los hospitales.
Del mismo modo, se está sondeando la posibilidad de reclamar la puesta en marcha de un 016 y de un Sistema VioGén de ámbito europeo, al menos en el espacio Schengen. A ello se añadiría estudiar la posibilidad de que se compartan algunos datos referidos a episodios de violencia contra las mujeres, en especial los antecedentes penales, para visados de turismo, empezando por las estancias de larga duración.
A su vez, el comité de crisis está discutiendo la posibilidad de difundir el Servicio Atenpro para informar sobre su existencia y propiciar su utilización en casos en los que la víctima acude a instancias judiciales u otros servicios especializados.
Gracias a su nuevo protocolo y a la nueva financiación, Atenpro atenderá a mujeres con denuncia, con título habilitante y con informe de servicios sociales. En el caso de las mujeres extranjeras sin apenas entorno, se flexibilizará el requisito de encontrarse en intervención para hacerlo más accesible y adecuado a la realidad de mujeres extranjeras, con dificultades idiomáticas, de entornos rurales, con discapacidad o con factores que pueden determinar aislamiento social, incorporando como «actividades de empoderamiento» las culturales y el aprendizaje de los idiomas oficiales.
