MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Justicia lleva ya más de cinco horas reunido con los representantes de jueces y fiscales para evitar que inicien la huelga indefinida que anunciaron que iniciarán el 16 de mayo para exigir mejoras salariales y profesionales.
Fuentes de Justicia informaron, pasadas las 18,15 horas, de que a esa hora seguían las negociaciones, que se iniciaron a las 11,00 horas de este miércoles y que sólo se interrumpieron durante un receso para comer.
Desde el departamento de Pilar Llop se indicó que en la reunión participan una veintena de personas, entre las que hay representantes de Justicia, el Ministerio de Hacienda, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía.
Jueces y fiscales reclaman que se les aplique una subida salarial similar a la que han logrado los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que en marzo pactaron con el Gobierno una subida de 450 euros al mes tras iniciar en enero una campaña de protestas.
SUBIDA SALARIAL «RAZONABLE»
A este respecto, la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, exceptuando las progresistas, dio a conocer el viernes un comunicado conjunto, en el que informaban de que pararán a partir del 16 de mayo si antes no hay un acuerdo con el Ejecutivo.
Esta nota estaba firmada por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Estas entidades remitieron una «comunicación de convocatoria de huelga indefinida» a Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado.
No suscribieron este documento Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que ya anunciaron que comparten el «diagnóstico de la situación» de las otras asociaciones, aunque esperarían a ver si se encuentra una solución en la reunión de este miércoles.
A este respecto, en la comunicación de huelga, los convocantes justifican esta protesta por la «necesidad de una actualización y adecuación retributiva razonable» ante la pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo desde 2009. A esto se suma la «cada día más compleja labor que implica el ejercicio de las funciones jurisdiccional y fiscal».
«No podemos obviar», añadían estos profesionales, «que asistimos, desde hace años, a un notorio aumento de la litigiosidad dimanante, entre otros factores, de una catarata de reformas legislativas que no hacen sino incrementar exponencialmente las funciones por extensión, las cargas de trabajo de jueces y fiscales, lo que a su vez afecta de forma notoria a la salud laboral de jueces y fiscales».
