MADRID, 05 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía Provincial de Madrid solicita 30 meses de prisión para el ex alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá y paras sus exconcejales Juan Carlos Pérez y Carmen Menéndez por un delito sobre ordenación de territorio.
En concreto, les acusa de haber concedido a Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda S. A. la licencia de primera ocupación a pesar de haber recibido informes de los servicios técnicos municipales en los que les alertaba sobre la existencia de varias deficiencias en el centro sanitario, «la mayor parte de ellas relativas a protección contra incendios».
El escrito de acusación recuerda que en 2008 comenzó a funcionar el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda cuya actividad sanitaria era responsabilidad del Servicio Madrileño de Salud, mientras que su construcción y explotación lo era de la empresa concesionaria Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda, S.A.
Así, para desarrollar tal actividad había obtenido Declaración de Impacto Ambiental de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y por Decreto de la Concejal Delegada de Urbanismo, Infraestructuras Públicas y Vivienda del Ayuntamiento de Majadahonda se le había concedido licencia de obra mayor para la construcción del hospital.
Sin embargo, la Fiscalía explica que el hospital comenzó sus actividades sin haber obtenido del Ayuntamiento la preceptiva licencia de primera ocupación. Dicha licencia fue solicitada el 16 de junio de 2008, lo que dio lugar a diversas visitas de inspección e informes de los servicios técnicos municipales en los que se pusieron de manifiesto un total de 66 deficiencias, «la mayor parte de ellas relativas a protección contra incendios».
Tras efectuarse sendos requerimientos de subsanación al solicitante, el hospital continuó su actividad, «que no cesó en ningún momento», sin que la empresa comunicara haber procedido a la corrección de tales deficiencias. Dado que tal situación se prolongaba, el 18 de diciembre de 2012 los responsables del Servicio de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Majadahonda pusieron «expresamente de manifiesto» al Servicio Jurídico de la Concejalía de Urbanismo que la actividad estaba funcionando sin la correspondiente licencia de primera ocupación, «y por consiguiente sin licencia de funcionamiento».
A continuación solicitaron un informe sobre las medidas que se deberían adoptar al respecto, a lo que Pérez, en ese momento Concejal de Urbanismo del citado Ayuntamiento, contestó en un primer momento solicitando otro informe sobre los pasos dados en dicho expediente y justificación del tiempo transcurrido en su tramitación. Una vez elaborado el informe, el concejal lo remitió al Negociado de Urbanismo y Vivienda «sin dar respuesta alguna y sin adoptar tampoco medida alguna».
Hasta el 2 de diciembre de 2014 la representación de Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda, S.A. se abstuvo de contestar a todos los requerimientos «manifestando haber procedido a la subsanación de las deficiencias». Esa respuesta originó nuevas visitas de inspección de los servicios técnicos «constatando la subsanación de tales deficiencias» lo que, a su vez, motivó que se emitieran sendos informes favorables a la concesión de la licencia de primera ocupación, que fue concedida por resolución del Concejal Delegado de Urbanismo, que en aquellos momentos era P. G. C.
Por otra parte, en marzo de 2007 la sociedad concesionaria solicitó al Ayuntamiento una licencia de apertura y ejercicio de actividades para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad de hospital. Fue entonces cuando los servicios técnicos municipales volvieron a poner de manifiesto una serie de deficiencias, al tiempo que requirieron al solicitante para que las subsanara, algo que no ocurrió hasta el 9 de abril de 2015, cuando se emitió informe jurídico favorable y por resolución del Concejal Delegado de Urbanismo de 29 de abril de 2015 en el que se concedía la licencia de apertura de actividad calificada para el ejercicio de hospital.
La Fiscalía pone de manifiesto que mientras el hospital estuvo funcionando sin licencia de primera ocupación ni licencia de apertura de actividad calificada (de septiembre de 2008 a abril de 2015), «no se adoptó por los acusados ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora». En su opinión, la adopción de tales medidas correspondía al entonces alcalde, así como a los dos concejales procesados en su condición de concejales delegados de Urbanismo.
