Decenas de antiguos jefes de la banda terrorista ETA desfilarán por la Audiencia Nacional -citados por los jueces a partir de 2022- para tratar de esclarecer los 377 atentados de la banda que aún están sin resolver.
La investigación ha comenzado ya por el asesinato del teniente de alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Este mes de diciembre ya declaró como imputado el exdirigente etarra ‘Miquel Anza’, como responsable de dar la orden de atentar en su contra.
Impulsada por la Asociación Dignidad y Justicia, la Audiencia Nacional se dispone reabrir la investigación de los crímenes sin resolver y de aquellos otros en los que los autores materiales ya están juzgados, pero en los que la cúpula de ETA que dio las órdenes no se ha sentado en el banquillo.
Es el caso del asesinato de Ordoñez. Ya en 2022, el juez Alejandro Abascal, citará a Ignacio Miguel Gracia Arregui ‘Iñaki de Rentería’ que formaba parte de la dirección de ETA en 1995, cuando se produjo el atentado.
En este caso, Dignidad y Justicia considera que Antza, ejerciendo como jefe de la banda terrorista, señaló a Ordóñez como posible objetivo. Según el juez Santiago Pedraz, que fue el anterior titular de ese juzgado, la autoría intelectual del atentado que costó la vida a Ordóñez correspondería a Antza, a ‘Iñaki de Rentería’ y a los también exdirigentes de ETA Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’; José Javier Arizcuren Ruiz, ‘Kantauri, y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Insuntza’.
Ordóñez almorzaba en un bar de San Sebastián con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros miembros del partido cuando fue abatido por disparos. La Audiencia Nacional ya condenó a Juan Ramón Carasatorre, alias ‘Jon’ y ‘Zapata’; Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado.
Además, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará el asesinato del juez Francisco Querol, perpetrado el 30 de octubre del año 2000, y para ello citará a una docena de antiguos dirigentes de ETA a lo largo del próximo año. En el atentado en el que perdió la vida Querol también murió su conductor, Armando Medina; el policía nacional Jesús Escudero, y un conductor de la EMT, Jesús Sánchez. Junto a ellos, otras 30 personas resultaron heridas.
Pedraz citará próximamente a la entonces cúpula de ETA formada por el jefe del comando Madrid, Gorka Palacios; Ignacio Miguel Gracia, ‘Iñaki de Rentería’; Juan Carlos Iglesias, ‘Gadafi’; Javier García, ‘Txapote’; Juan Antonio Olarra, ‘Jokin’; Ainhoa Mugica, ‘Olga’; Asier Oyarzabal, ‘Baltza’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Vicente Goicoechea, ‘Willy’; Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’, y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’.
Pero además, en su auto el magistrado pedía a la Policía y a la Guardia Civil que le indiquen la “composición nombre a nombre de toda la estructura de mando de ETA, intermedia y superior de la propia ‘Zuba’ o comité ejecutivo al momento de los hechos (…), especificando los distintos aparatos en los que cada uno de los querellados se integraba”.
Pedraz pretende determinar quiénes participaron en “la consecución y exitosa introducción clandestina hasta Madrid de la gran cantidad de explosivos del coche bomba que sería detonado el 30 de octubre”. Intentará, asimismo, determinar quién o quiénes tenían capacidad para tomar decisiones sobre los objetivos o los suministros de armas y materiales para la fabricación de explosivos.
A instancias de Dignidad y Justicia, la Audiencia estudia un total de 65 crímenes de la banda sin resolver, que podrían significar el paso por el banquillo de más de una treintena de exdirigentes de ETA.
El listado ha sido aportado por Dignidad y Justicia, que también entregó el listado a la comisión especial de eurodiputados que el pasado mes de noviembre visitó España para conocer los motivos por los que aún hay 377 crímenes de ETA sin resolver.
En ese listado están incluidos todos los jefes del aparato político y militar de ETA, la estructura logística, las redes internacionales y los tesoreros. Según la legislación española, los asesinatos prescriben a los 20 años, pero ahora los jueces han abierto la puerta para acusar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
(SERVIMEDIA)
