MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo; la titular de Justicia, Pilar Llop, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mantuvieron este viernes un encuentro en la sede del Ministerio para analizar el repunte de asesinatos por violencia de género en el mes de diciembre y para abordar posibles respuestas conjuntas.
En un comunicado, se informó del acuerdo al que habían llegado para potenciar «la especialización y comarcalización de órganos judiciales para garantizar los mismos recursos a las víctimas de violencia de género en todo el territorio», en desarrollo de la medida 123 del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
Entre los datos analizados, se destacó que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer adoptaron medidas de protección de las víctimas en un 70% de las peticiones incoadas en 2021, por lo que se concluyó que «el sistema judicial está respondiendo y que hay que seguir en la línea de reforzar la formación especializada de todos los operadores jurídicos».
Los máximos responsables de las tres instituciones se mostraron unánimes al señalar que los maltratadores son los verdaderos responsables de esta situación, poniendo el foco en que todos los casos producidos en diciembre de este año son casos de violencia en el ámbito de la pareja y expareja.
También se comentó que esta reunión era «una muestra de la responsabilidad colectiva e institucional de los tres organismos en la intensificación de todas las medidas que ya están en marcha y que se están implantando en el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se ha mostrado especialmente valioso para hacer aflorar denuncias de casos que anteriormente estaban ocultos».
«Concebimos la Justicia como una colaboración entre los poderes del Estado, alejada de cualquier tipo de politización», señaló la nota de prensa remitida a los medios de comunicación.
Además, el presidente del CGPJ, la ministra y el fiscal general incidieron en la necesidad de incentivar la denuncia «como único elemento que permite imponer una orden de protección y alejamiento», sin perjuicio de que se siga trabajando en la atención a las víctimas que no denuncian, así como en las medidas de prevención y en la sensibilización de la sociedad.
«Se trata de una lucha en la que debemos seguir alerta de manera continuada, y en la que la denuncia rompe el primer eslabón de la cadena de maltrato», se subrayó. «Desde la Justicia sólo podemos actuar si tenemos conocimiento mediante una denuncia. Por ello es crucial que la sociedad confíe las instituciones judiciales como protectoras frente a este tipo de violencia».
Los tres altos responsables pidieron además que se evite la instrumentalización política de la violencia de género y reiteraron que es un asunto que «concierne a todos, por ser una cuestión de Estado».
También alertaron del peligro de los mensajes negacionistas y de la preocupante réplica de algunas conductas machistas entre parte de la juventud.
Durante el encuentro, se incidió en la necesidad de trasladar a las víctimas que no están indefensas, que no hay impunidad ante este tipo de delitos y que las instituciones van a estar de manera firme y rotunda a su lado para ayudarlas.
MEDIOS TELEMÁTICOS
En este sentido, las partes se comprometieron a potenciar los medios telemáticos en la lucha contra los crímenes de violencia de género y apuntaron que desde su implantación, en 2009, ninguna de las mujeres asesinadas portaba pulsera telemática, lo cual demuestra su eficacia.
Los responsables de las tres instituciones también denunciaron esta «insoportable realidad que supone una violación de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijas e hijos, y que constituye un mal endémico y estructural que requiere de toda la sociedad para combatirla». «Lamentablemente, se trata de un problema estructural y, como tal, requiere de medidas firmes y contundentes desde los tres pilares de la Justicia».
