– Advierte que hay nuevas marcas en el suelo que pueden confundir a los ciudadanos en varios municipios
– Sugiere al Ayuntamiento de Santander que facilite plazas para personas con movilidad reducida
MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La Dirección General de Tráfico (DGT) debería permitir a los ciudadanos la posibilidad de que puedan pagar a plazos las multas económicas por infringir alguna norma relativa a la circulación de vehículos y la seguridad vial.
Así lo indica el Defensor del Pueblo en su informe anual correspondiente a 2012, presentado este lunes por el titular de esta institución, Ángel Gabilondo, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet.
El informe indica que el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la DGT para que este organismo del Ministerio del Interior «articule la posibilidad de solicitar el fraccionamiento de una sanción económica consecuencia de la comisión de una infracción recogida en la normativa de tráfico antes de iniciarse la vía ejecutiva».
Representantes de ambas instituciones mantuvieron el pasado 16 de diciembre una reunión para abordar las quejas que llegan a la institución dirigida por Gabilondo, según refleja el informe anual.
El Defensor del Pueblo ha recibido quejas por problemas con la cita previa en jefaturas provinciales de tráfico en Baleares, Barcelona, Girona, Madrid, Tarragona y Valencia, ademá de por la falta de personal en la red periférica de la DGT, todo lo cual, según el informe, afecta «al funcionamiento cotidiano de los servicios».
Además, también han llegado quejas a esta institución por la falta de examinadores de tráfico en Granada, Guipúzcoa y Navarra. Este colectivo disponía de una plantilla teórica de 885 personas en mayo de 2022.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha percibido «un incipiente fenómeno» en la señalización vial horizontal en municipios como Logroño o A Coruña, que han instalado marcas en el suelo (líneas, pictogramas, etc.), que no están establecidas en el Reglamento General de Circulación. «Esta señalización plantea interrogantes en términos de claridad vial, seguridad jurídica o jerarquía normativa, que merecen reflexión y clarificación en orden a prevenir y evitar la confusión de los ciudadanos», apunta el informe.
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Un asunto específico es el del estacionamiento de autocaravanas en los municipios. Los ayuntamientos pueden regularlos mediante ordenanzas municipales, en tanto que una instrucción de 2008 de la DGT se interpreta a veces en el sentido de que posibilita el estacionamiento. Tras varias quejas recibidas, el Defensor del Pueblo destaca que «el rango normativo de la ordenanza municipal es mayor que el de la instrucción de la dirección general, aun cuando esta emane de una autoridad de ámbito territorial superior al municipal».
Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha sugerido al Ayuntamiento de Santander que disponga «en número suficiente» de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en todas las calles donde resida, o tengan su lugar de trabajo y que sean para quienes tengan reconocido este derecho y no tengan medios económicos suficientes para tener una plaza de garaje en propiedad, a una distancia lo suficientemente próxima como para no disuadir o dificultar su movilidad.
También sugirió al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona) que dejase sin efecto los expedientes sancionadores incoados a un ciudadano por estacionar su vehículo en zona reservada para uso exclusivo de personas con movilidad reducida, al quedar acreditado que era poseedor de la tarjeta de aparcamiento que habilitaba ese estacionamiento.
En cuanto a las infraestructuras viarias, el Defensor del Pueblo tramitó el año pasado quejas sobre el estado de las carreteras por parte de ciudadanos que se habían dirigido antes al titular de la vía sin que su reclamación fuera exitosa.
